El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado este martes el ingreso en prision eludible bajo el previo pago de una fianza de 60.000 euros para el alcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez Fernández, de la formación independiente UDMA y actualmente imputado en la operación Púnica.
El magistrado ha tomado esta decisión después de interrogarle en su juzgado y de haber analizar la documentación que le fue incautada ayer cuando el regidor trataba de llevársela del Ayuntamiento de dicha localidad madrileña.
En un auto dictado este martes el juez relata que en este caso existe riesgo "objetivo y concurrente" de alteración de elementos "relevantes" para la investigación del delito por parte del imputado puesto que el edil fue descubierto huyendo del Consistorio con documentación probatoria que pretendía "eludir de la acción de la Justicia".
En la resolución, Eloy Velasco sostiene que Antonio Sanchez "sería responsable de varias irregularidades" en materia de contratacion pública para beneficiar a David Marjaliza, presunto cabecilla de la trama.
En concreto el magistrado de la Audiencia Nacional explica que "respecto de un contrato de eficiencia energética se alteró la valoración de las ofertas de un concurso público a favor de Cofely con su connivencia y la del técnico municipal y, en materia de gestión de centros deportivos, las empresas de David Marjaliza habrían estado trabajando sin contrato público que lo amparase, tratando de articular posteriormente las autoridades municipales un procedimiento de contratación predeterminado a su adjudicación a la empresa de Marjaliza y donde el mismo David habría intervenido en la redacción de los criterios de adjudicación".
Velasco sostiene que, además de amparar los trabajos realizados sin contrato público, "se habrían elaborado informes y facturas falsas para posibilitar que se libraran las cantidades económicas necesarias para pagar a Marjaliza".
El juez entiende que hay indicios de que el alcalde de Serranillos del Valle -que este lunes presentó su dimisión- pudo haber cometido los delitos de pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude, cohecho y prevaricación.