El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está convencido de que los Mossos d'Esquadra, que tienen la competencia de orden público en Cataluña, harán cumplir la ley, y eso incluye impedir que la Generalidad trate de convocar una consulta independentista, sea con el nombre que sea.
Así, ha recalcado que "la ley significa que esa convocatoria no la puede promover la Generalitat de Cataluña". "Eso no lo pueden amparar los Mossos y, si alguien pretende hacer eso, los Mossos, para hacer cumplir la ley, lo tienen que impedir", ha remachado.
En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, el ministro ha dicho no tener "ninguna duda de que los Mossos van a cumplir la ley y a hacer cumplir la ley" y ha avisado de que no caben "juegos florales" para intentar distinguir entre "ley española y ley catalana". "La ley es la ley", ha recalcado, y el Tribunal Constitucional es quien decide si se ajusta a la Constitución.
Fernández Díaz no ve necesario que se reúna la Junta de Seguridad de Cataluña, órgano de coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra, porque hay una "comunicación fluida" entre el Ministerio y la Consejería de Interior. Y ha recordado que el consejero, Ramón Espadaler, ha reiterado que no pondría a los Mossos en la tesitura de tener que elegir entre obedecer a la Generalidad o hacer cumplir la ley, porque la Generalidad no la incumplirá.
De hecho, el ministro ha recalcado que que él tiene el deber de creer, "hasta que se demuestre lo contrario", que el presidente catalán, Artur Mas, y la Generalidad, "no van a desobedecer ni a desacatar el mandato reiterado y claro" del Tribunal Constitucional suspendiendo todas las acciones que tengan como fin realizar la consulta, porque "lo otro sería gravísimo".
Así, ha confiado en que "más allá de lo que digan uno u otro portavoz", la Generalidad va a cumplir la ley y no va a "seguir adelante con ningún tipo de iniciativa" para realizar la consulta. El ministro ha enfatizado que se refería a la Generalidad y ha dejado abierta la posibilidad de que "entidades privadas" decidan hacer "otra consulta", aunque eso tiene "el valor jurídico que tiene".
De hecho, ha remarcado la suspensión del "proceso participativo" del 9N por parte del Tribunal Constitucional implica que la Generalidad no puede "mantener viva" su web con instrucciones para participar, ni habilitar locales para votar como colegios o institutos públicos, pero ha dejado claro que "si eso lo hace un privado es otra cosa, porque la decisión del Tribunal Constitucional afecta a los poderes públicos".
En este sentido, ha apuntado que, igual que los catalanes se manifestaron en la Diada respondiendo a una convocatoria de entidades privadas, ahora hay quien puede decidir "manifestarse y luego ir a tales sitios a depositar una papeleta por la independencia". "Eso sería absolutamente distinto de una consulta organizada por la Generalitat, con locales, con censo y con publicidad institucional", ha dicho.