La Audiencia Provincial de Palma ha decidido este viernes mantener la imputación por dos delitos fiscales pero levanta la relativa al blanqueo de capitales. Ésa decisión es la clave para el futuro procesal de la infanta Cristina, que podría verse beneficiada por la denominada doctrina Botín para librarse del banquillo.
La razón es que en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública se considera como perjudicado directo a la Agencia Tributaria, representado en el caso Nóos a través la Abogacía del Estado, que se ha opuesto siempre, como la Fiscalía, a la imputación de Cristina de Borbón.
La doctrina Botín se basa en una decisión del Tribunal Supremo, que libró del banquillo al expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito al no abrir juicio oral contra él porque estableció que no se podía ir a juicio si sólo lo solicitaban las acusaciones populares y se oponían la Fiscalía y los perjudicados directos del procedimiento.
Para saber si a la hermana del Rey se le aplica la doctrina Botín habrá que esperar al auto de apertura que dicte el juez José Castro. El instructor será quién decida si se exonera a la infanta de ir a juicio o no por ser cooperadora de dos delitos fiscales.
En el auto, la Sección Segunda se refiere a la denominada ‘doctrina Botín’: "La legitimación de las acusaciones populares en estas situaciones de actuación en solitario como parte acusadora del proceso queda restringida a la protección y tutela de bienes jurídicos colectivos o difusos -criterio este que se sigue para evitar un uso hipertrofiado del ejercicio de la acción penal por los particulares no víctimas o perjudicados -, si bien comprendemos que en este caso y a diferencia del que examina la Sentencia del 2007, existe un matiz o aspecto a considerar (que a priori no tendría porqué afectar a la hora de observar el principio acusatorio) en cuanto a lo que allí decidido y resuelto, cual es que el Ministerio Fiscal y la Acusación particular, según se desprende de su posicionamiento acusatorio desplegado, piensan ejercer la acusación por delito fiscal (aunque no lo atribuyen a la Infanta)".
No obstante, la Audiencia deja claramente la decisión de sentar en el banquillo a Cristina de Borbón en manos del instructor: "En cualquier caso, esta es una decisión que con libertad de criterio ha de quedar reservada al Instructor, pues es a él, conforme a las competencias que le otorga la Lecrim, y no a esta Sala, al que le corresponde y viene atribuido el dictado del auto de apertura de juicio oral".
¿Cuándo se sabrá si va al banquillo?
En cuanto a los plazos, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares (la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda, y la de la comunidad autónoma de Baleares en representación del Gobierno regional), y las populares (el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia) deberán presentar en cuestión de diez días sus escritos de acusación, donde concretarán a quienes acusan, de qué delitos y qué penas solicitan para ellos.
El juez Castro puede entender que la acusación popular es suficiente para sostener la acusación contra la infanta por delito fiscal e incluirla en el auto de apertura de juicio oral, una decisión que implicaría que la duquesa de Palma se sentaría en el banquillo y ante la cual no cabe recurso.
Pero, por el contrario, el instructor podría considerar que la acusación popular no es suficiente, amparándose en la mencionada doctrina Botín. Si el juez Castro sobresee la causa en relación con la infanta Cristina en el auto de apertura de juicio oral, esta decisión se puede recurrir y de nuevo debería resolver la Audiencia de Palma. En el caso de que la Audiencia decidiera de nuevo que se puede llevar adelante la acusación, la infanta iría a juicio.
En su comparecencia ante los medios, los abogados ya han dejado ver que cuál será su estrategia. "Es mucho decir", han señalado, que la infanta se sentará en el banquillo, en alusión al precedente de Emilio Botín.