Todo está dispuesto y el testigo entregado para que los funcionarios "voluntarios" y los activistas de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) tomen el relevo de la Generalidad en la "consulta" del 9-N. La reunión del presidente de la Generalidad, Artur Mas, y los comisionados del "Pacte Nacional pel Dret a Dedicir" ha servido para escenificar que el 9-N organizado durante los últimos meses por la administración autonómica a base de recursos públicos del Estado es durante las próximas 48 horas una iniciativa mixta, público privada, de los partidos separatistas y las entidades integradas en ese "Pacte", desde la ANC al F.C. Barcelona, pero con la Generalidad detrás y delante, al frente del referéndum.
Mas no hace declaraciones y se parapeta tras la "sociedad civil" para esquivar los riesgos de carácter jurídico. Funcionarios y militantes de las organizaciones independentistas son sus escudos humanos. El "proceso" está en el mando a distancia, se dirige por control remoto, pero se mantiene intacto. Una nueva "astucia" del líder nacionalista, el "tenemos que engañar al Estado" más al descubierto todavía. "La última responsabilidad corresponde al Gobierno de la Generalidad", dice el número dos de Convergència, Josep Rull. La publicidad institucional continúa y se acusa a Sociedad Civil Catalana (SCC) de "boicotear" el "proceso participativo", las "libertades de expresión, opinión y participación de los catalanes" por recomendar a la ciudadanía que no participe en un referéndum ilegal.
El "pacte" con Moncloa
Además del "Pacte pel Dret a Decidir", hay otro "pacte", una especie de tregua mediante la cual el Gobierno de España se inhibe a cambio de que lo de este domingo en Cataluña parezca un accidente al margen de la Generalidad. Y si el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en el que ha tomado la batuta para el proceso catalán la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, está dispuesto a hacer la vista gorda, el de Mas promete amparo a los voluntarios y toda su capacidad logística. Eso está claro en Cataluña y pretende envolverse entre brumas de cara a Madrid. El mensaje de CiU, ERC, Iniciativa y las CUP es coincidente. Todo sigue como hasta ahora y la Generalidad está al frente del 9-N.
A pocas horas para la fecha soñada por el separatismo, la Generalidad no intenta amortiguar el choque mientras que el Gobierno lo evita por la vía de minimizar los efectos de una nueva movilización separatista que dará paso a un escenario en el que la debilidad del Ejecutivo aumenta las expectativas de tensión y las posibilidades de ruptura.
Desobediencia y rebeldía
En el plano práctico, la Generalidad ha buzoneado la convocatoria de un referéndum, la ANC cuelga carteles en los portales con la dirección del colegio electoral de zona y los medios públicos y privados exhiben la propaganda oficial, con el sello de la administración autonómica, en la que se insta a votar a los catalanes. Todo en un estricto tratamiento igualitario del español y catalán, en un perfecto equilibrio que sería ilegal de aplicar las normas de la propia Generalidad que multan el uso de la lengua española. La Generalidad hace ostentación de desobediencia e insubordinación y la "sociedad civil", de insumisión y rebeldía.
La presión sobre la ciudadanía es máxima. Los "informativos" de TV3 y Catalunya Ràdio, así como de los medios de Godó multiplican los contenidos sobre el 9N y redoblan las llamadas a la participación. Detallan los puntos de votación y se hacen eco de las ventajas de una república catalana. Militantes de la ANC reparten propaganda a las salidas de las bocas del Metro y colocan carteles en fachadas, portales, buzones, semáforos y farolas. El mismo Rull irrumpía en un asilo para pedir el voto de la tercera edad. No hay centro, organismo, entidad y comunidad de vecinos que no haya recibido la consigna, la visita de un "agente" de la ANC, de los partidos o del ayuntamiento de turno para "invitarles" a participar en la votación. Lo contrario no está bien visto, se considera incívico, de malos catalanes y peores ciudadanos.
Crece la confusión y mientras Rigol se convierte en el nuevo cartel del 9N, ERC e Iniciativa recalcan que Mas y sus consejeros siguen al pie del cañón. El mismo perfil de Joan Rigol aumenta el caos: exsacerdote, histórico dirigente de Unió Democràtica, expresidente del Parlament, presidente del Patronato de la Sagrada Familia, etcétera, etcétera. Un "moderado" que es "institución" hecha cuerpo andante. En las próximas horas será la voz y la cara del pueblo catalán, salvo que Mas, ante la permisividad gubernativa, pretenda hacer de Rubalcaba el 13 de marzo de 2004 y aparezca ante las cámaras de TV3 apelando al voto, bien como presidente de la Generalidad o líder de CiU. Ventajas de que no haya jornada de reflexión, circunstancia que ya estaba prevista en el decreto de convocatoria de la primera versión del referéndum, la de la pluma Inoxcrom que fue enviada al "Museu d'Història de Catalunya".
Máxima presión
El "ejercicio de libertad de expresión" que está dispuesto a permitir el Gobierno es en Cataluña una operación masiva de agitación y propaganda, de presión sobre los ciudadanos en la que la ANC se confunde con la Generalidad y los Mossos d'Esquadra reciben instrucciones contradictorias, presiones nada sutiles de algunos mandos para estar de guardia el domingo y consignas de sus jefes políticos para no cumplir las órdenes que pudieran proceder de estamentos administrativos o judiciales, hipótesis muy improbable tras las declaraciones procedentes de la vicepresidenta del Gobierno y del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Sin embargo, Sociedad Civil Catalana (SCC) exige al Ejecutivo de Rajoy que impida la apertura de los colegios público para la celebración de una manifestación separatista que no es más que la continuación del primer referéndum previsto, tal como se jactan los principales líderes del separatismo, de Junqueras a Carme Forcadell o David Fernàndez. El presidente de SCC, Josep Ramon Bosch, ha instado al Gobierno "a no desatender sus obligaciones constitucionales". Libres e Iguales, por su parte, ha convocado a los ciudadanos a concentrarse mañana a las doce frente a los ayuntamientos en defensa de la soberanía nacional.
En el ámbito de lo pintoresco, Josep Guardiola, el entrenador del Bayern de Münich, ha prometido que se desplazará a Barcelona para votar y que incluso ya sabe en qué mesa le toca depositar la papeleta. Tomará un avión, ha afirmado, tras el partido del sábado contra el Eintracht. Joan Manuel Serrat, a la contra, ha señalado que no irá a votar porque aunque apoya el "derecho a decidir", lo de este domingo le parece "una manifestación independentista".