La única reacción oficial del Gobierno ha llegado de la mano del recién nombrado ministro de Justicia, Rafael Catalá. En una intervención sin preguntas, Catalá se ha limitado a leer un comunicado en el que ha señalado que el golpe dado por los separatistas en Cataluña este 9N "es un simulacro inútil y estéril" que carece de cualquier tipo de validez democrática, ya que sólo ha servido para "exacerbar" la "división entre catalanes" y echar un pulso al Estado.
El ministro ha acusado al presidente de la Generalidad, Artur Mas, de haber promovido esta jornada para "ocultar su fracaso" de no haber podido celebrar la verdadera consulta y ha recordado que la Fiscalía recaba datos para ver si existen responsabilidades penales y, de ser así, actuar en los próximos días.
A juicio del Ejecutivo, hoy se ha desarrollado una "jornada de propaganda política, organizada por fuerzas partidarias de la independencia y carente de cualquier tipo de validez democrática". Catalá ha dicho que España es un régimen democrático consolidado, con libertad de expresión y manifestación, y en el que las consultas a la ciudadanía se rigen por estrictas normas para garantizar la imparcialidad y la legalidad, dos requisitos que no se han dado en Cataluña.
En ese sentido, ha indicado que el proceso se ha llevado a cabo "al margen de cualquier marco jurídico", no tiene amparo ni en las leyes catalanas ni en un decreto de convocatoria y sus promotores han renunciado a la neutralidad, "convertidos en juez y parte del proceso" y sin ni siquiera garantizar la igualdad de los catalanes ante el mismo.
Por ello, ha insistido en que se trata de un acto de "pura propaganda", sin efectos jurídicos y que "sólo ha servido para exacerbar la división entre los catalanes, para tensar las relaciones políticas dentro y fuera de Cataluña.