UPyD ha presentado este domingo una segunda denuncia en un juzgado de Barcelona contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, por desobediencia y prevaricación al celebrar la consulta pese a su suspensión y ha pedido a la Fiscalía que paralice el proceso y detenga a sus autores.
En la querella, también contra Irene Rigau, consejera de Educación del Gobierno catalán, y Ramón Espadaler, responsable de Interior, se acusa, además, a los tres de la omisión de perseguir delitos "y a todos sus cómplices, cooperadores necesarios, encubridores y coautores".
Se solicita también al Ministerio Público que suspenda el proceso, ordene a las Fuerzas de Seguridad del Estado que procedan al "desalojo y cierre" de los centros de votación habilitados "con el uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia" y detenga a los autores y cooperadores necesarios de esta consulta.
La denuncia ha sido presentada a las nueve de la mañana por el portavoz de UPyD en Cataluña y miembro de la dirección del partido, Ramón de Veciana, en los juzgados de Barcelona justo a la hora en la que habrían los espacios habilitados para llevar a cabo este proceso en Cataluña.
Veciana, en declaraciones a Efe y tras censurar a Mas por actuar de una manera "cobarde", impropia de un presidente de la Generalidad, ha asegurado también que se trata de una consulta "tolerada" por el Gobierno puesto que no está haciendo "nada" para detenerla.
Da la impresión, ha dicho, de que por parte del Ejecutivo hay "interés" en que el proceso se celebre, aunque espera que la Justicia atienda a la querella de UPyD "y más pronto que tarde" se retiren las urnas para que ni siquiera se llegue al recuento de votos.
UPyD recuerda en la querella las dos suspensiones cautelares de la consulta que ordenó el Tribunal Constitucional y que, pese a ello, el presidente de la Generalidad decidió convocar "sin publicación de Decreto ni disposición administrativa alguna" una consulta popular, de idéntico contenido material que la anterior, denominada eufemísticamente "Procés de participació ciutadana".
A pesar de la suspensión "taxativa y rotunda" del Constitucional, la Generalidad -señala el texto- ha abierto esta mañana institutos y edificios públicos, dependientes del Departamento de Enseñanza para la realización de la consulta "suspendida", facilitando la logística y todos los medios materiales para su realización.
También, ignorando esa suspensión y para llevar a cabo este proceso ha puesto a disposición a funcionarios públicos de la Generalidad y a los Mossos de Esquadra, argumenta UPyD en la querella.
Se trata de la segunda denuncia de la formación magenta contra el presidente de la Generalidad, después de la que presentó ante el Tribunal Supremo hace justo un mes y que amplió posteriormente en dos ocasiones al entender que Mas incumplía las resoluciones del Constitucional.