Todos los partidos políticos catalanes, salvo PP y Ciudadanos, critican la "judicialización del 9N", la posibilidad de que la Fiscalía decida presentar finalmente una querella contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y su vicepresidenta, Joana Ortega. Ese no es el camino a seguir, señalan en el PSC mientras que el president exhibe toda su capacidad dramática y proclama: "El Estado ya no nos da miedo". En Convergència se reta al fiscal general, Eduardo Torres Dulce, en el convencimiento de que la iniciativa judicial engordaría la figura de su líder y contribuiría a su "victimización", argumentos electorales de peso.
Todos los políticos catalanes son Mas a la hora de ofrecerse voluntarios para sufrir las consecuencias de un teórico mazazo judicial que se está haciendo esperar.
Lo que no espera es la constitución de la república catalana, así que en medio de las protestas contra el uso de la justicia en un "conflicto político", la Generalidad amplía su denuncia contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo y los partidos del frente separatista se suman a una moción parlamentaria de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) en la que se insta al gobierno catalán "a emprender acciones legales contra la delegada del Gobierno del Estado en Cataluña, señora Llanos de Luna, por los contenidos de la carta enviada a los Ayuntamientos y directores de Instituto, por considerarla un atentado contra la autonomía municipal y una intromisión en las competencias de la Generalidad en materia de enseñanza".
La carta informaba a las autoridades municipales y los responsables educativos que el referéndum del 9N había sido suspendido por dos veces en el Tribunal Constitucional y les recordaba sus obligaciones como funcionarios públicos. Todo eso resulta "amenazante", según ICV. Este criterio también es el de CDC, que considera además que Llanos de Luna pretendió "interferir en el libre ejercicio de los derechos de opinión y participación de los ciudadanos de Cataluña". De ahí que además de quererla sentada en el banquillo de los acusados, CiU pida su reprobación y reclame su dimisión.
La justicia no es la vía, según los partidos del "derecho a decidir", pero no están dispuestos a renunciar a ella en calidad de querulantes.