Nueva ofensiva de la Junta de Andalucía contra la juez Alaya el mismo día que Susana Díaz hablaba de transparencia parlamentaria. Si durante todo el caso de los ERE, la actitud de la Junta ha sido cuando menos confusa hasta el punto de pedirse su apartamiento de un caso en el que parecía estar de parte de los imputados. Recuérdese su presión insistente para que la juez remitiera al Supremo el informe sobre los aforados que la debería apartar definitivamente del caso. Pues ahora el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y exfiscal de parte del caso Mercasevilla, Emilio de Llera, quiere que la operación Enredadera-Madeja pase a manos de la Audiencia Nacional porque se investiga en distintas provincias y comunidades españolas. Recuérdese que la Junta de Andalucía está intentando además que se aparte a la juez del caso de la trama de los fondos de formación.
De Llera declaró ayer en Córdoba que el nuevo macrocaso que revela la Operación Enredadera-Madeja "debe ser competencia de la Audiencia Nacional", toda vez que "se han producido hechos, no sólo en distintas ciudades, sino en distintas provincias y comunidades autónomas... Consiguientemente, con la ley en la mano, parece indicar que debe estar en manos de la Audiencia Nacional, y debe remitirse a un juzgado central de instrucción".
El consejero se basa en que la operación se ha ejecutado en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria, y se han registrado empresas y domicilios de las citadas provincias.
Mientras el exfiscal y Consejero hacía estas declaraciones, la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, decía que "el mejor antídoto y la mejor lejía" frente a estos casos es "tener mucha transparencia", por lo que, en su opinión, "cuanta más luz haya en los contratos, subvenciones y ayudas que tengan las instituciones va a ser mucho más difícil ese tipo de actuaciones".
Quieren apartarla del caso de la formación
La Junta considera que el que la juez Alaya instruya el macrocaso de la trama de la formación profesional vulneraba el derecho al juez natural predeterminado por ley. En este intento, participan el consejero de Llera y el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
La Junta argumenta su posición aludiendo a que el ex jefe del servicio de los cursos de formación, Teodoro Montes declaró que acudió al juzgado de la juez Alaya en el verano de 2013 y que desde allí se le indicó que fuese a la Guardia Civil, que le tomó declaración como testigo.
Luego, los agentes le entregaron copia de su testimonio a la juez Alaya que abrió la causa. Según El País, el caso no fue a reparto en el decanato de los juzgados como es habitual. De haberse hecho así, cualquier otro juez podría haberse encargado de las actuaciones.
De manera casi simultánea, el exconsejero de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda, se sumó a la postura de la Junta, que, como en otras ocasiones, abre el camino a las defensas de los imputados por la juez Alaya. En este caso, la defensa de Ojeda consideró que la causa debe ser anulada "por existir resoluciones dictadas por un órgano judicial distinto al que le hubiera correspondido por normas de reparto", en función del artículo 68.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Lorenzo del Río, presidente del TSJA, también criticó el inicio de la causa de los cursos de formación porque Alaya, al evitar presentar el testimonio de Montes para reparto entre los jueces o al Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, que había archivado la denuncia del mismo funcionario de la Junta años atrás, podría haber vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por ley. "No es el procedimiento normal", sentenció.
Contra la "forma de instruir" de la juez
La semana pasada el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), Lorenzo del Río, cuestionó la forma de instruir de la juez Mercedes Alaya tanto en la causa de los cursos de formación como en el caso Betis. A esta censura se unió, como es habitual, el consejero de Justicia e Interior de la Junta, Emilio de Llera. "Sin acusar directamente a Alaya de instruir de manera negligente" -dice El País - De Llera se refirió a la actuación de la magistrada al designar como administrador judicial del club de fútbol a Francisco Estepa, abogado que había defendido a su marido, el auditor Jorge Castro, en el caso de los Laboratorios Pérez Giménez para el que ambos ejercieron como administradores concursales.
Y lo que dijo De Llera fue lo que sigue: "El juez tiene que valerse de peritos absolutamente imparciales y no peritos que sean de su confianza por su relación personal y mucho menos intentar enriquecer a familiares o amigos de familiares otorgándoles la posibilidad de actuar como un perito. Eso es muy lógico y desde luego cabe la recusación de cualquier juez que haga eso. Yo espero que si se da esa situación, ante la recusación responda un tribunal superior y acuerde la recusación de ese juez".