El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado en una entrevista concedida a La Razón que, en el 9N, se demostró que el Estado de Derecho "funciona, porque ante una ley y un decreto de un Parlamento autonómico, el Gobierno de la Nación utilizó los mecanismos que establece nuestra Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y el TC, por unanimidad, ha suspendido esos procesos y ha admitido a trámite las impugnaciones del Ejecutivo".
En su opinión, el pasado 9N no hubo "ningún referéndum por la independencia ni ninguna consulta vinculante", e insiste: "Lo que han funcionado han sido las reglas del juego". El ministro considera que el evento no tuvo "ningún efecto, ni ninguna consecuencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico", ya que fue suspendido por el TC. "Lo que tiene es una serie de debilidades que hacen que sea profundamente antidemocrático", añade.
El titular de la cartera de Justicia declara que, "después de todo el esfuerzo económico" y "político", "el resultado final es que fue a votar uno de cada tres posibles votantes". El ministro reconoce que "1.800.000 personas parece que votaron 'sí' a las preguntas que se planteaban, pero no debemos olvidarnos de que más de 4 millones de personas no acudieron a votar".
Catalá sostiene que los hechos acaecidos en Cataluña el 9N "son elementos de hecho que parecen contrarios a la declaración de suspensión decretada por el TC", aunque "es a la Fiscalía General a la que le corresponde calificar si esos hechos son constitutivos de delito".
Reforma de la Constitución
Sobre la reforma de la Constitución, Catalá ha dicho que "se puede abrir una reflexión sobre la conveniencia de mejorar o actualizarla, pero primero habrá que abrir un debate sobre los asuntos que merecería la pena reformar".
El ministro señala que "hay que saber para qué, quién quiere reformarla, con qué intención y qué consenso, en su caso, se generaría".
Corrupción
"El Gobierno ha propuesto un paquete de medidas, en un gran pacto en la lucha por la regeneración democrática y contra la corrupción", dice Catalá, añadiendo que "aunque no ha habido consenso, las vamos a sacar adelante" antes de Navidad, porque "son necesarias".
Propondrán una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal "para que el principio de conexidad entre delitos no impida que se enjuicie cada uno de ellos por separado y, de esa forma, en pocos meses los jueces de instrucción puedan cerrar y juzgar esa pieza concreta", y también se incorporarán medidas relacionadas con el cohecho.