El apoyo de la Junta de fiscales a la querella del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no ha pillado por sorpresa a CiU, que se dispone a recargar las baterías a cuenta de una iniciativa que no sólo juzgan parcial, puesto que no incluye a consejeros cuyo papel en el 9N fue superior al de la vicepresidenta Joana Ortega y al de la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, sino abocada al fracaso.
Que Torres-Dulce no dispone de casi ningún apoyo entre los fiscales catalanes se pone de manifiesto en la escasa o nula colaboración con el fiscal general, que acusará a Artur Mas y a las citadas Ortega y Rigau de prevaricación, malversación, desobediencia y suplantación de funciones. El hecho de que queden fuera el consejero de Interior, Ramon Espadaler (de la cuota de Unió), responsable de los Mossos d'Esquadra, y el de Justicia, Germà Gordó, cuyo departamento encargó las papeletas y las urnas que se imprimieron y confeccionaron en la cárcel de Lérida, es al que se acogen en CiU para demostrar la debilidad y desorientación del Gobierno y de la Fiscalía, así como su desconocimiento de los engranajes del "proceso participativo".
Pero donde tienen depositadas ahora sus esperanzas los nacionalistas es en la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presidido por Miguel Ángel Gimeno, de Jueces para la Democracia, no admita a trámite la denuncia de la Fiscalía. Gimeno ha dado sobradas muestras de "comprensión", advierten en la consejería de Justicia y en CiU, como para no esperar de él menos que de los fiscales de Cataluña. Afirman que no sólo es sensible a la imposición del catalán en documentos, actos y procedimientos jurídicos sino que no se ha manifestado en contra del proceso. Sus últimas declaraciones al respecto datan del pasado mes de octubre, cuando dijo que ni al TSJC ni a la judicatura correspondía pronunciarse sobre el 9N. También se le recuerda una intervención en TV3 en la que afirmó que en el referéndum "tendrá un valor político indudable, pero no jurídico". Fuentes judiciales apuntan en la misma dirección, por lo que la crisis abierta por el motín fiscal en Cataluña podría agravarse con la inadmisión en el TSJC.