La Fiscalía Superior de Cataluña -dirigida por el fiscal José María Romero de Tejada- ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) finalmente la querella contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por la celebración de la consulta del 9-N.
En la querella, de 30 folios elaborada por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, se relata cómo el pasado domingo 9 de noviembre se celebró en Cataluña y en otras ciudades situadas fuera del territorio nacional una consulta planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalidad detrás de la que se han podido cometer de delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por parte de los tres querellados.
Dichos tipos delictivos llevan acompañada penas máximas de hasta diez años de inhabilitación (la prevaricación) y de seis meses a un año de cárcel (usurpación).
La Fiscalía explica que dicha convocatoria se articuló a través de la página web www.participa2014.cat "que ha servido de órgano institucional de referencia, en el que se animaba a los ciudadanos a participar en la consulta". Esta convocatoria denominada proceso de participación "había sido suspendida" por el Tribunal Constitucional (TC) reunido en Pleno el 4 de noviembre, subrayan el Ministerio Público.
Pese a ello, la querella relata diversas actuaciones del Gobierno catalán encaminadas todas ellas a la celebración del mencionado proceso de participación ciudadana como, por ejemplo, la existencia de la ya citada página web así como la elaboración por parte de internos de un centro penitenciario de las papeletas de votación, así como la distribución de urnas asignadas a los respectivos centros de votación.
Según la querella, "el contenido de la orden de suspensión no dejaba margen alguno a la duda: afectaba con carácter general a toda actuación que contribuyera a impulsar el que se vino en llamar proceso de participación señalado para el día 9 de noviembre". Sin embargo, el gobierno catalán sorteó las decisiones del Alto Tribunal para celebrar el referéndum alternativo constituyendo como "efecto material la completa ineficacia de los mandatos de suspensión cautelar contenidos en las providencias dictadas por el TC".
"El Gobierno de la Generalidad, personado como parte en dicho proceso y conocedor de sus obligaciones, desplegó sin embargo una conducta incompatible con la resolución del TC pues el proceso prosiguió hasta su consumación del día 9 de noviembre de 2014".
En esta línea, la Fiscalía sostiene –en contra de lo que defendieron los fiscales catalanes- que no hacía falta que el Constitucional emitiera un requerimiento expreso a la Generalidad para que cumpliese lo dictado en sus providencias. "En el presente caso, el mandato contenido en las resoluciones del TC era un mandato de no hacer, que por su propia naturaleza no precisaba de ulteriores requerimientos, pues no era necesario activar actuación administrativa alguna, sino que su propia existencia implicaba la abstención de continuar adoptando decisiones tendentes a la consumación del acto suspendido", dice la querella.
En ese sentido, el fiscal explica que en los actos de impulso del 9-N participaron de manera personal y directa los querellados. "Pese al conocimiento de que el TC había decretado la suspensión, los querellados en abierta y franca oposición llevan hasta el final el acto suspendido".
Asimismo, el Ministerio Público explica que las declaraciones públicas efectuadas por el presidente catalán " disipan cualquier duda al respecto". "Las declaraciones del querellado Don Artur Mas reflejadas por los más importantes medios de comunicación el propio día de celebración de la consulta, son al respecto reveladoras: si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi gobierno", subrayan.
Además, la Fiscalía explica que para llevar a cabo la celebración de la consulta, el gobierno catalán hizo uso de dinero público. Sólo en la campaña de publicidad institucional la Generalidad se gastó en torno a 9 millones de euros. "Las personas contra las que se dirige la acción penal han dispuesto de fondos públicos en cuantía aún indeterminada para consumar la desobediencia a la suspensión, facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta, por lo que ha destinado a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones", relata la querella.
En el documento, la Fiscalía pide al TSJC que admita a trámite la querella y que practique una batería de diligencias, entre ellas tomar declaración en calidad de imputados a Mas, Ortega y Rigau. A partir de ahora, la pelota está en el tejado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que podrá admitir a trámite la querella o, por el contrario, rechazarla.