El 30% de los electores del PP sopesa no votar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por haber retirado la ley del aborto y el 63.8% del electorado de centroderecha se siente defraudado por el Ejecutivo.
Según una encuesta de NC Report que hoy publica el diario La Razón, "seis de cada diez votantes de centroderecha no aprueba la retirada de la ley Gallardón".
La encuesta afirma que cinco de cada diez encuestados creen que los populares están yendo en contra de sus principios y que, según la encuesta, el 60% no entiende que el PP mantenga una ley que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Además, la marcha provida de este sábado en Madrid será una fotografía de muy difícil digestión para el partido en el Gobierno -"un día complicado", en voz de un portavoz autorizado de Génova-, tal y como informa Pablo Montesinos.
El Ejecutivo espera una importante cantidad de ciudadanos -la mayoría, votantes del PP en las anteriores elecciones- protestando contra la decisión de Mariano Rajoy de no reformar la vigente ley del aborto. Y, para rematar, a la protesta asistirán una veintena de diputados y cargos de distintas estructuras de la formación a título personal.
En este contexto, Soraya Sáenz de Santamaría respondió con sumo cuidado en la víspera de la protesta en favor de la vida. "No es un tema sencillo", admitió, al tiempo que recalcó que la posición de cada uno "debe respetarse y entenderse". En todo caso, oficialmente se respetó "la libertad de expresión y de manifestación" así como la posición "de todos y cada uno de los que decidan asistir a esta manifestación o decidan no hacerlo".
Pasado el 22N, el Ejecutivo se pondrá en marcha para recuperar a parte de ese votante que se siente defraudado. La vicepresidenta dio pistas. Para empezar, el Ejecutivo va a realizar los cambios necesarios para que las menores tengan que informar a sus padres en caso de que pretendan interrumpir el embarazo. "Tiene un gran consenso y es también un compromiso", dijo. Se espera que el preceptivo informe llegue del Consejo de Estado "en una o dos semanas". Una modificación que se incluirá en la ley de protección de la infancia.