El presidente de la Generalidad, Artur Mas, ofrece siempre una gran disposición al diálogo, flexibilidad a la hora de interpretar las leyes y un talante sonriente que supera al del propio Zapatero. Todo es negociable y nada es imposible son las dos grandes reglas del líder nacionalista en público. Otra cosa es la acción del gobierno que dirige y cuya estricta interpretación de sus propias normas le lleva a perpetrar medidas de carácter inquisitorial.
El control que ejerce sobre los medios de comunicación es tan férreo que ha ordenado a su secretario de Comunicación, Josep Martí, que inste al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) a multar a las radios privadas que no emitieron la campaña propagandística del referéndum ilegal. La denuncia se basa en un artículo de la Ley del Audiovisual de Cataluña que dice: "La no difusión de las comunicaciones de interés público del Gobierno del Estado y del Gobierno de la Generalidad, de acuerdo con los términos establecidos por esta ley es una falta grave".
Así pues, Josep Martí, esposo de la última delegada del Gobierno en Cataluña de Aznar, Susana Bouis, autor del libro Eres de derechas y no lo sabes y exjefe de prensa de la subdelegación del Gobierno en Tarragona, también en tiempos de Aznar, ha enviado una carta al presidente del CAC, el convergente Roger Loppacher en el que le recomienda lo siguiente: "Pido que valoréis la incoación de un procedimiento sancionador correspondiente a las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, a quien se pueda atribuir la comisión de esta falta grave, aunque sea por inobservancia".
La sanción puede oscilar entre los noventa mil euros o la retirada de la licencia, que depende de la Generalidad, por acumulación de faltas graves. Onda Cero, la Ser y la Cope son las tres radios con permiso autonómico para emitir en Cataluña que forman parte de esta nueva lista negra. El precedente inmediato fue el intento de juzgar a Federico Jiménez Losantos, Gabriel Albiac y Hermann Tertsch, entre otros, por sus opiniones respecto a las exhibiciones de masas nacionalistas. La denuncia fue instigada por el consejero Francesc Homs "en representación del pueblo de Cataluña" por "atentados contra el honor del pueblo de Cataluña".
En la actualidad y desde 2011, Martí es el ejecutor de las órdenes de Mas y Homs en los medios públicos y en los subvencionados (los medios de Godó y de Justo Molinero sí programaron los anuncios separatistas con el sello de la Generalidad) mientras que Susana Bouis es directora general de la Función Pública en el departamento de la vicepresidenta Joana Ortega, encargada de la movilización funcionarial para el pasado 9-N.