Susana Díaz, tras aguantar dos años las exigencias de Izquierda Unida, cede ahora, en plena crisis de relaciones entre las dos formaciones gobernantes en Andalucía y permite poner en marcha el "banco de tierras" incluido en el Pacto de gobierno. La medida ha sido articulada mediante una enmienda que fija los criterios para la enajenación de tierras en la Ley de Presupuestos. El Banco de Tierras supondría poner a disposición de los Ayuntamientos y cooperativas parte de las 20.000 hectáreas de tierras de la Junta para su explotación.
La tierra de este Banco está registrada en la Consejería de Agricultura y sus entidades instrumentales y proceden de las tierras del caducado Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) que salieron a subasta sin éxito por la carestía del crédito y la crisis, como cuenta El País.
El gobierno de Mariano Rajoy, que no ve bien la medida, exigió publicidad y libre concurrencia a la hora de poner las tierras públicas a disposición de terceros, por lo que la enmienda de IU que se añade al artículo 35 del Presupuesto sobre ordenación del sector público y da paso al banco de tierras establece que se determinará "un procedimiento que garantice la igualdad, concurrencia y publicidad en la adjudicación de estas tierras". Será la futura Ley de Agricultura la que incluya el reglamento final del procedimiento.
Las tierras no perderán su condición de "públicas" y sólo serán cedidas para su explotación. Según IU, los beneficiarios prioritarios, según detalló IU, serán los "jóvenes que se incorporen a la actividad agraria y tengan como objetivo proyectos que vertebren el medio rural y sean generadores de empleo". También se potenciará la cesión a "agricultores y ganaderos que desarrollen modelos de explotación destinados a las producciones más respetuosas con el medio ambiente, como la ecológica o la integrada".
Pero el problema es que el mismo diario de Prisa exponía hace poco que "en el último censo agrario, realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2009, se constató un descenso de un 44,7% en las explotaciones agrarias en los últimos 10 años. De los 1,7 millones de explotaciones de 1999 se pasó a 989.796. Sin embargo, la superficie solo bajó un 10%. En el camino se han quedado las fincas más pequeñas".
Los ayuntamientos tendrán preferencia y podrán obtener una ventaja en el precio del 30% respecto a su valor de tasación". Curiosamente, el pago del precio podrá aplazarse hasta un máximo de veinticinco años desde la concesión del bien. En cuanto a las explotaciones, se primarán los cultivos sociales, es decir, aquellos que generen más trabajo y jornales y sean adecuados a la zona y a las características de las tierras.
El dictamen del proyecto de Ley de Presupuestos se someterá al debate final ante el Pleno de la Cámara los días 22 y 23 de este mes.