El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha presentado este jueves su renuncia al cargo y, en consecuencia, le ha comunicado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, su dimisión. Una decisión muy meditada fruto de las fuertes discrepancias que han mantenido en los últimos meses con el Gobierno que hace tres años lo nombró jefe de los fiscales de España. Según han informado fuentes de la Fiscalía General, Torres-Dulce regresará ahora a su plaza en la Fiscalía del Tribunal Constitucional.
Su mandato pasará por ser el de un fiscal general incómodo para el Ejecutivo y garante con sus subordinados a los que dejó actuar con libertad de criterio excepto en dos ocasiones puntuales: cuando ordenó al fiscal Javier Zaragoza acusar de colaboración con banda armada a los policías del chivatazo a ETA y cuando pidió a la cúpula de la Fiscalía Catalana que se querellara contra Artur Mas por el 9-N.
Los rumores sobre su inminente renuncia se dispararon este miércoles por la tarde después de que Torres-Dulce retirará sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.
Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
Según distintas fuentes consultadas, el fiscal general ya barajó la opción de renunciar al cargo cuando Gallardón era ministro de Justicia. Sin embargo, el que primero abandonó el barco fue el exalcalde de Madrid que dejó la cartera tras sentirse ninguneado en múltiples ocasiones por el presidente del Gobierno.
La disputa por Mas
Sin embargo, aunque el desencuentro con el Ejecutivo viene de lejos, al fiscal general le sentó muy mal los planes del Ministerio de Justicia sobre Código Procesal Penal ya que no cumplían con las expectativas de Torres-Dulce para lograr la instrucción penal por los Fiscales.
No obstante, la gota que colmó el vaso fue la querella contra Mas. Las tensiones que precedieron a la interposición de la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y miembros de su gobierno por su intervención en el denominado proceso participativo del 9-N fueron notorias. Soraya Sáenz de Santamaría -con la que nunca mantuvo una excelente relación- no tuvo reparos en criticarle en público instándole a actuar rápidamente contra el presidente catalán porque era función del fiscal general defender al Estado, después de que el propio Ejecutivo no hiciera nada para impedir el simulacro de consulta.
Como respuesta, durante la última comparecencia en el Congreso el pasado 26 de noviembre, Torres Dulce manifestó que no se le puede decir que sea proclive al Gobierno de Mariano Rajoy y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos "Bolinaga" y "Matas". "No toleraré nunca que el gobierno me diga lo tengo que hacer, porque sería un delito", ha afirmado, para añadir: "Si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo".
Su renuncia se hará efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno de Rajoy ya ha activado los mecanismos necesarios para designar cuanto antes a su sucesor. Está previsto que este viernes el Consejo de Ministros apruebe su propuesta de candidato para ser el próximo fiscal general del Estado. Las quinielas apuntan a que por primera vez el cargo podría recaer sobre una mujer.