Al parecer, no hay manera que el Gobierno andaluz, que preside la socialista Susana Díaz, entregue la información que hace un año y tres meses le instó a publicitar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Quince meses después, la Junta no informa de las relaciones de personas reales que trabajan en las delegaciones provinciales y consejerías explicando si son externos, funcionarios, laborales o qué otro tipo de contrato tienen, sueldos y retribuciones. La razón podría ser que, de informar de lo exigido, se podrían conocer, por fin, los nombres de los enchufados que trabajan en la Administración y los privilegios de los que disfrutan. Es el Sindicato Andaluz de Funcionarios quien la ha llevado a esta situación por sus exigencias de información.
El Mundo aclara este lunes que la Junta no da cumplimiento nada menos que a las 21 sentencias firmes de diferentes juzgados y del TSJA que la obligan a facilitar los listados de efectivos reales que trabajan en las delegaciones provinciales y consejerías.
La última decisión judicial contra la Junta ha sido de la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla, Nuria Marín Álvarez, que declara que la documentación facilitada por la Junta al Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre este asunto "no está completa y no cumple" un fallo firme del TSJA. Aquella sentencia firme del TSJA del 3 de octubre de 2013 condenó a la Junta a proporcionar al SAF la información que le había solicitado y que podría poner al descubierto a los enchufados que trabajan en la Administración. El Gobierno andaluz debía aportar "copia de los contratos que amparaban la presencia del personal externo" en cada centro de trabajo, "especificando las funciones que desempeñan cada uno de ellos, si disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos", además de la "relación de plazas vacantes y desdotadas existentes" y el "listado de efectivos reales".
Ahora, informa SAF, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número siete de Sevilla ha dictado otro auto a favor del sindicato, en el que acuerda que la "documentación facilitada por la Administración no está completa y no cumple el fallo de la sentencia, debiéndose aportar copia de todos los contratos que amparan la presencia de personal externo en el Centro de Trabajo, con especificación de las funciones" que desarrolla el citado personal; copia de los contratos concertados con el personal externo referenciado; listado de personal externo que dispone o tiene acceso a claves privadas; relación de plazas vacantes y desdotadas existentes, y listado de efectivos reales.
El SAF recuerda que la sentencia de primera instancia, confirmada en apelación, condena "a la Administración demandada, a que proporcione al sindicato recurrente la información consistente en la aportación de copia de los contratos que amparaban la presencia del personal externo (...), especificando las funciones que desempeñaban cada uno de ellos, si disponían de clave privada de acceso a los sistemas informáticos, al tiempo que se solicitaba una relación de plaza vacantes y desdotadas existentes".
Es más, la sentencia entiende que la información solicitada por el Sindicato es necesaria para llevar a cabo su labor, por lo que la Administración no puede escudarse en el derecho a la protección de datos y debe facilitar la documentación sin omisión alguna.
SAF lleva años denunciando la opacidad del Gobierno andaluz en lo que concierne al ámbito económico de la Administración paralela, integrado bajo el marco de la Ley 1/2011 y conocida como "Ley del enchufismo". Por ello, SAF muestra su contrariedad ante la insistente negativa de la Administración a facilitar la información requerida, ignorando la transparencia y arrastrando interminables dilaciones jurídicas que suponen considerables gastos para los ciudadanos.
Los 21 fallos firmes que le dan la razón y avalan la petición sindical están ahora en fase de ejecución. Hay tantos pleitos en marcha en los tribunales porque el SAF se ha visto obligado a recurrir cada una de las negativas de la Junta sobre cada consejería y cada delegación provincial a la que reclamaron los datos sobre los contratos de externos y los privilegios de los enchufados.