Las amenazas vertidas por el consejero de Turismo y Comercio, que aludió a acciones judiciales contra la Iglesia si antes de tres meses no accedía a la cogestión del monumento, parecen haber encontrado vía de escape en la apertura de diligencias del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba que ha admitido a trámite la denuncia que interpuso un concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba.
El edil Carlos Baquerín denunció a la Diócesis de Córdoba y al obispo, Demetrio Fernández; al Cabildo Catedralicio y sus integrantes y a su presidente, Manuel Pérez Moya, y a los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento e incluso al alcalde, José Antonio Nieto, por la situación de las inmatriculaciones de la Iglesia en la capital cordobesa de inmuebles "de aparente naturaleza pública".
Según Europa Press, la juez de dicha instancia judicial ha abierto las diligencias previas de investigación y en ellas ha citado a declarar a Baquerín el 20 de enero. Con ello, las amenazas vertidas por IU de judicializar el conflicto encuentran una salida en los juzgados.
Recuérdese que IU exige al PSOE que respalde en el Congreso de los Diputados la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada bajo el Gobierno de Aznar y que permitió a la Iglesia Católica inmatricular a su nombre diversos bienes, entre ellos el referido monumento religioso.
La Junta reconoció la propiedad de la Iglesia
A pesar de las apariencias y las polémicas, la Junta de Andalucía había admitido en 2005 al Cabildo de Córdoba como propietario y responsable del monumento emblemático de Córdoba. Por ejemplo, en un documento fechado el 29 de junio de 2005, la entonces delegada de Cultura de la Junta, Mercedes Mudarra, se dirigió al Cabildo "en calidad de propietario del inmueble" bajo el asunto "régimen de visitas en Torre de la Catedral". En otros documentos que están en poder del Cabildo, diversos representantes de la Junta consideran al Cabildo propietario o titular del enclave turístico-religioso. Lo curioso es que este reconocimiento fue anterior a la inmatriculación que la Iglesia hizo del edificio en 2006.
Por si fuera poco, en dicha ocasión, como subraya el grupo Joly, el Gobierno autonómico, entonces bajo el liderazgo de Manuel Chaves, reconocía al monumento como "Catedral" y no mencionaba siquiera la palabra Mezquita.
La Catedral Mezquita es Bien de Interés Cultural (BIC), en catalogación de la propia Junta, consideración que exige las tareas de conservación por parte de la administración autonómica. Por ello, la Junta firmó un convenio el 19 de diciembre de 1991, hace más de 20 años, para la "conservación, mantenimiento, tutoría y mejor cumplimiento de la función social de la Catedral, antigua Mezquita". Pero sólo ha empleado 223.000 euros desde entonces en esa tarea, En este caso, como se observa, la Junta reconoce la denominación de Catedral para el monumento.