4 de febrero de 2006. Unos okupas celebran una fiesta en un inmueble del casco antiguo de Barcelona. Las llamadas de los vecinos alertan a la Guardia Urbana, que envía varias dotaciones al lugar. Se produce un altercado, lanzamiento de objetos y los agentes practican cuatro detenciones. En el suelo yace un policía local, Juan Salas, alcanzado por una maceta (según la improvisada versión que propagó el entonces alcalde Joan Clos, del PSC) o por una piedra o similar (según los atestados y la instrucción judicial). Salas quedó tetrapléjico y con graves daños cognitivos. Nueve años después, quienes fueron condenados niegan su participación en los hechos y piden la reapertura del caso. Una de las detenidas, Patricia Heras, se suicidó en 2011, durante un permiso penitenciario.
Un documental titulado Ciutat Morta, obra de Xapo Ortega y Xavier Artigas, ha dado la vuelta al caso. TV3 se negó en principio a emitirlo y posteriormente lo trasladó a su segundo canal, el "33", que lo emitió el pasado sábado. La tesis es que la Guardia Urbana torturó a los detenidos, que los detenidos eran inocentes, que la justicia se ciñó a la versión policial y que una de las personas encarceladas, Patricia Heras, decidió acabar con su vida a causa de las injusticias sufridas.
El alcalde convergente de Barcelona, Xavier Trias, fue el primero en abrir la tanda de intervenciones tras la emisión. De entrada, se mostró dispuesto a entregar en persona el documental en la Fiscalía para que se reabriera el caso. Rasgándose las vestiduras, dispuso una investigación interna y prometió justicia a los familiares de Patricia Heras y a los otros tres condenados por el caso. Y en TV3, pese a las reticencias iniciales, los informativos amplificaron el eco de la polémica. El quid de la cuestión estaba en la maceta. Unas imágenes de archivo de la propia televisión autonómica en las que el alcalde Clos explica que el agente había sido alcanzado por un test (tiesto en catalán) son la base que desmonta toda la instrucción del expediente, además de los testimonios sobre torturas de los condenados. Los informativos de la cadena autonómica y los diarios editados en Barcelona ya le han dedicado, desde el pasado sábado, aperturas y portadas. La "sociedad civil" está conmocionada y un exconcejal socialista, Carles Martí (en aquellos años responsable del distrito de Ciutat Vella, donde ocurrieron los hechos) ha salido a la palestra para decir que fue él quien le dijo al alcalde que había sido un tiesto el "arma" que dejó tetrapléjico a Juan Salas. Craso error o no, Martí dice que se lo dijo un "técnico" de la policía local. La Guardia Urbana, en cambio, se cierra en banda en su versión. Nadie habló de macetas y las torturas son infundios. Aquello fue una batalla campal, como demuestran las imágenes del propio documental y a Juan Salas le alcanzó una piedra.
En medio de la confusión actual y ante la inminencia de las municipales y de las autonómicas, todos los partidos se han subido al carro de la "transparencia". Hay que investigar de nuevo y a fondo, hasta el punto de que las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), la formación antisistema con tres diputados en el Parlament, ha logrado que todos los grupos se sumen a su propuesta e insten a la Fiscalía a reabrir el caso, una Fiscalía que respondió, de primeras, que a tal efecto necesitaba nuevas pruebas y que un documental de parte no era suficiente. Este jueves y en sesión parlamentaria, CiU, ERC, PSC (al que afectaría de lleno el asunto si se demuestra la corrupción policial), PP, Ciutadans, Iniciativa per Catalunya y las CUP han aprobado por unanimidad reclamar a la Fiscalía la reapertura del caso y han suscrito una declaración en la que, de entrada, omiten el nombre de la primera víctima del denominado 4-F, el agente Juan Salas.
La transcripción en castellano es la siguiente:
"Ante los hechos expuestos en el documental Ciutat morta relativos al caso conocido como 4F, donde en la persecución de los autores de una agresión grave a un agente de la Guardia Urbana la noche del 4 de febrero de 2006 fueron detenidas, inculpadas y encarceladas unas personas que podrían ser finalmente inocentes, el Parlamento de Cataluña quiere:
-Manifestar su solidaridad con el agente de la Guardia Urbana de Barcelona que a resultas de la agresión sufrida padece unas lesiones que han reducido muy gravemente sus facultades físicas y cognitivas, y con sus familiares. También quiere manifestar su solidaridad con los familiares y amigos de Patricia Heras.
-Trasladar a la fiscalía la conveniencia de revisar todas las actuaciones judiciales derivadas de los hechos del 4F, si como resultas de lo expuesto en el documental se puede considerar que no hubo una investigación lo suficientemente cuidadosa, incluidas las denuncias por delitos de lesiones que en ese momentos se archivaron. Además, el Parlamento hace un llamamiento a colaborar en la aportación de nueva información que pueda ayudar a la reapertura y esclarecimiento del caso.
-Trasladar al Ayuntamiento de Barcelona la conveniencia de hacer las investigaciones internas pertinentes en el cuerpo de la Guardia Urbana con tal de dirimir, si es caso, las responsabilidades pertinentes".
Este texto, en el que a Juan Salas se le identifica como "el agente de la Guardia Urbana" sin nombre, fue de lectura pública a cargo del diputado popular Pere Calbó, secretario segundo del Parlament, la misma cámara autonómica que pasó por alto el caso del actor Alfons Bayard, fallecido el 2 de abril de 2014 durante una detención de los Mossos d'Esquadra y cuyo caso ha sido archivado, o el de Juan Andrés Benítez, fallecido en similares circunstancias el 6 se octubre de 2013. Los Mossos d'Esquadra han sido objeto de múltiples denuncias por excesos policiales, pero, de momento, no han sido protagonistas de ninguna película.
En el caso 4-F, una suerte de "testigo protegido" dice saber quién tiró la maceta, según el abogado de uno de los condenados, que no quiere reabrir el caso sino "reparar la presunción de inocencia de su defendido", que se llama Rodrigo Lanza.