El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recibió el pasado lunes la exposición razonada de los ERE que le remitió la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. Además de considerar, contra el criterio de la fiscalía e incluso el Tribunal Supremo, que la causa no debe trocearse más y que la competencia del alto tribunal andaluz debe abarcar toda la causa, no sólo lo relativo a los cuatro aforados socialistas, la juez señala como novedad la implicación en el caso de los ERE de un gobierno completo de Manuel Chaves, en concreto, el que tomó posesión el 25 de abril de 2004.
Recuérdese que la tesis de Alaya, incluida en su exposición razonada enviada al Supremo, es que existen indicios sobrados de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años. Según Alaya, el sistema presuntamente creado permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las ayudas.
Recuérdese que la tesis de Alaya, incluida en su exposición razonada enviada al Supremo, es que existen indicios sobrados de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años. Según Alaya, el sistema presuntamente creado permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las ayudas.
Ahora, en su exposición razonada ante el Tribunal Superior de la Junta de Andalucía y una vez que ha dispuesto de mayor documentación, la juez, tal como cuenta El Mundo, dice textualmente que "bajo ningún concepto lógico o razonable podría negarse, a juicio de esta instructora, el conocimiento y mantenimiento de dicho sistema (el conocido como "fondo de reptiles")... por el propio Consejo de Gobierno presidido por don Manuel Chaves".
La implicación de aquel gobierno de Manuel Chaves al completo tiene consecuencias porque a aquel gobierno pertenecía, por ejemplo, la actual presidenta federal del PSOE, Micaela Navarro. También afecta a las elecciones municipales sevillanas porque, dado que el gobierno incluye a los viceconsejeros, uno de ellos era el actual candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas. Además, subrayemos las implicaciones de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán; de los ex consejeros Francisco Vallejo y Antonio Fernández; de las ahora diputadas en Cortes Concepción Gutiérrez y Cándida Martínez; de la senadora Fuensanta Coves; de la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero; de la ahora parlamentaria autonómica, Rosa Torres y algunos ex altos cargos socialistas ya no aforados como Evangelina Naranjo, María José López, Paulino Plata e Isaías Pérez Saldaña.
Alaya, que subraya la novedad de esta implicación no incluida en la exposición elevada al Supremo, añade que "constituye uno de los indicios de mayor relevancia sobre el conocimiento, por parte de las más altas jerarquías de la Administración autonómica, del uso ilícito de las transferencias de financiación y las consecuencias del mismo". Han sido los abogados del PP los que han aportado los documentos que lo prueban a pesar de que la juez los pidió a la Junta en diciembre de 2014 y sólo recibió parte.
Según la juez, ya está fuera de duda que el Consejo de Gobierno conoció tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía alertando de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. Se trata de los informes de 19 de abril de 2005, de 29 de agosto de 2006 y de 8 de mayo de 2007.
Pero la juez Alaya, subraya el ya mencionado diario, no actúa contra los miembros de aquel Gobierno porque la mayoría de ellos seguía siendo aforado cuando remitió la exposición razonada al TSJA y porque entiende que debe ser este tribunal el que se haga cargo de toda la parte del caso ERE que el Tribunal Supremo ha decidido no asumir.