De protagonista principal en la investigación del chivatazo a la organización terrorista ETA en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), a protagonista de una supuesta trama de corrupción policial que falsificaba pruebas para facilitar el arresto y condena de los detenidos. Así ha cambiado en unos años la vida profesional del inspector jefe de la Policía Nacional Francisco Javier V., que se encuentra en estos momento en libertad con cargos.
Este mando saltó a la luz pública en pleno escándalo por el soplo que evitó la desarticulación del entramado de extorsión de ETA. Él era el número dos y mano derecha del investigador principal de los hechos y jefe del dispositivo policial que iba a llevar a cabo la operación en España, el ahora comisario Carlos Germán. Y como tal, estuvo implicado de lleno en uno de los mayores escándalos de la política española en los últimos años.
Pese a que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo condenaron al por entonces Jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al por entonces inspector jefe de la Brigada de Información de Álava, José María Ballesteros, que fueron imputados desde un principio, durante buena parte del proceso judicial inicial hubo serias dudas sobre quiénes habían cometido realmente la delación. Unas dudas basadas en las declaraciones de los propios policías implicados.
De hecho, el comisario Carlos Cabanillas, que en ese momento era el número dos de la Comisaría General de Información, acusó a Carlos German y a su equipo de haber tardado demasiado tiempo en avisar a sus mandos de que habían descubierto el chivatazo e, incluso, llegó a preguntarse ante el juez si no habían sido ellos los que lo habían llevado a cabo.
En esta línea, hubo también un segundo testimonio, el del jefe del Grupo VIII de la Brigada de Información de San Sebastián, que apoyó su acusación contra el comisario Carlos Germán, el inspector jefe Francisco Javier V. y el resto del equipo en el hecho de que eliminaron la orden de detención del dirigente del PNV, Gorka Aguirre, de la operación que finalmente desarticuló el entramado de extorsión de ETA cuando sí figuraba en la operación que se vino abajo con el soplo.
Ahora el inspector jefe Francisco Javier V. está acusado de ser uno de los responsables de una supuesta trama policial que alteraba pruebas para resolver delitos rápidamente. Los policías detenidos podrían haber alterado algunas pruebas con el objetivo de que la huella de una persona hallada en un lugar se vinculara a otro hecho delictivo diferente.
En concreto, los agentes "trasplantaban" presuntamente huellas de delincuentes, algunos en prisión, a objetos que recogían en escenarios de delitos como casas donde se había perpetrado un robo. Las prácticas fraudulentas consistirían en dejar huellas de delincuentes, viejos conocidos de la Policía, incluso algunos en prisión por hechos similares o de otras provincias, a pruebas que esos policías encontraban en un domicilio o local que había sido robado.