La Fiscalía de Sevilla quiere que la juez Alaya eleve a la Audiencia Nacional el caso Madeja, que destapó una trama de sobornos a funcionarios de diferentes Administraciones (Ministerio de Fomento, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, etcétera) a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Es la respuesta que la Fiscalía ha dado a la pregunta de la juez.
El País destaca que el fiscal destaca el efecto perverso que ha tenido el caso Madeja sobre la economía nacional, al haber movido supuestamente hasta 4,3 millones de dinero negro en comisiones ilegales. "El fraude producido ha tenido un notorio alcance, con grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional, lo que determina el informe favorable de la fiscalía a la competencia a los juzgados centrales de instrucción", estima en su escrito el ministerio fiscal para justificar que el sumario se eleve a la Audiencia Nacional. Este órgano acapara causas que atañen a más de una comunidad autónoma y en esta hay indicios de delitos en al menos Andalucía, Canarias y Extremadura y Madrid.
Recuerda El Mundo que la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, abrió el caso en julio de 2013 y ahora, más de un año y medio después, el sumario suma más de 9.000 folios, los imputados "exceden" de 90 y la presunta red de sobornos se ha extendido a varias comunidades autónomas. En base a esta "complejidad" de la causa, la Fiscalía ha solicitado a la magistrada que se inhiba en favor de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que sería competente para investigar la causa.
La Fiscalía cree que, en principio, los hechos comprobados del caso serían constitutivos de los supuestos delitos de cohecho con carácter continuado, fraude y/o exacciones ilegales, asociación ilícita, prevaricación, falsedad en documentos mercantiles y/o públicos, corrupción entre particulares y malversación de caudales públicos. Ha quedado claro que desde la empresa Fitonovo se desplegó una actividad planificada dirigida a pagar comisiones, dádivas y regalos en variadas modalidades a funcionarios y otras personas que desarrollaban sus servicios para organismos públicos con el objeto de adjudicarse por medios fraudulentos contratos públicos.
En la causa, derivada del caso Mercasevilla, Alaya acusa al PSOE y a Izquierda Unida de financiarse de manera ilegal gracias a dichas comisiones, aunque sin que los indicios sean muy claros a excepción del pago por Fitonovo de una sede socialista en el distrito sevillano de Macarena.