Un informe de actuación es la pieza con la que cuenta la Intervención General para enmendar procedimientos viciados o irregulares. De hecho, la no existencia de este tipo de informe en el caso ERE permitió al ex presidente de la Junta, José Antonio Griñán, excusar su inacción en el caso. Pero ahora, tras la publicación en Libertad Digital de los ocho informes de las Intervenciones Provinciales la Intervención General de la Junta de Andalucía se plantea emitir un informe de actuación que impida, en el futuro, el caos y la corrupción acontecida en la gestión de las subvenciones a los cursos de formación para parados y ocupados de 2009 a 2012.
Así lo afirma El Mundo que indica que la Intervención General de la Junta trabaja ya en la elaboración del informe de actuación, mecanismo que prevé el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía en aquellos casos "en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas" o si se apreciaran "circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".
En seis de los ocho informes emitidos por los Interventores Provinciales, se acusa a la dirección del Servicio Andaluz de Empleo, esto es, a los delegados de las Consejería de Empleo en seis provincias, de haber incumplido sus obligaciones. En los dos restantes, en un caso se culpa a los beneficiarios de las ayudas del caos y las irregularidades y en el otro, el de Sevilla, se afirma no poder saber de quién era la responsabilidad porque no le fueron facilitados los informes requeridos de manera adecuada.
Si finalmente se impulsa el informe de actuación, será dirigido al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, que ostenta las competencias en materia de formación para el empleo desde que en mayo de 2012 se le retiró a la a la Consejería de Empleo por tenerse ya informaciones indudables de las irregularidades.
Pero téngase en cuenta que la Consejería puede hacer lo que hizo la Consejería de Hacienda en época de Griñán, que fue meter los informes y comunicados de la Intervención General sobre el irregular procedimiento de los ERE -en afirmación del propio ex Interventor General, Manuel Gómez -, en un cajón. Incluso llegó a decirse que Griñán nunca los recibió porque una subalterna -luego consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo - los guardó sin entregárselo.
Es más, recuerda el citado diario que Gómez Martínez defendió ante la juez Mercedes Alaya que el informe de actuación hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional que elaboró tras detectar graves irregularidades en la gestión del fondo de reptiles y que, en todo caso, habría quedado "en el cajón" como quedaron sus reiteradas advertencias.