Los diez exconsejeros de Caja Madrid que han comparecido este lunes ante el juez Fernando Andreu y fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón han dado versiones dispares sobre el origen y uso de las denominadas tarjetas black. Los imputados, a los que se les atribuye un delito de administración desleal y de apropiación indebida, sí que han coincidido en el siguiente extremo: el uso de las tarjetas B se generalizó tras la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid.
Los imputados también han manifestado al unísono que era Caja Madrid quien debía haber declarado esos gastos a Hacienda y muchos han señalado que creían que la entidad bancaria lo hacía.
Asimismo, los diez exconsejeros -tan solo el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán se ha acogido a su derecho a no declarar este lunes- han coincidido en afirmar que todo cambió cuando Blesa se hizo en 1996 con la presidencia de la entidad. Hasta entonces, las tarjetas B se habían usado pero con prudencia y para gastos de representación, según los exconsejeros.
A raíz de la llegada de Blesa, el uso de los plásticos se generalizó prueba de ello es que Enrique de la Torre -el secretario del Consejo de Administración con Blesa- les dijo a los titulares que podían emplear las tarjetas "en lo que quisieran con un límite anual y mensual" incluyendo los gastos personales.
Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción con las tarjetas blacks se gastaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 en conceptos distintos como cenas en restaurantes de lujo, viajes, compras en centros comerciales, joyerías, etc. Preguntado por este extremo el ex dirigente de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín, ha mantenido que era una tarjeta para cubrir gastos de "libre disposición" y con la que se podía llevar a cabo retirada de dinero efectivo -según consta en la investigación el imputado fue a sacar dinero del cajero 692 veces-.
Por otro lado, la mayoría de los exconsejeros han reconocido los gastos que se les atribuyen, a excepción de los socialistas José María Arteta y Ramón Espinar, que han señalado que no eran conceptos reales.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imposición de fianzas civiles para seis exconsejeros: Moral Santín, que gastó 456.500 euros; el miembro de la Confederación de Cuadros Ignacio de Navasqües, que gastó 195.000 euros; el exdiputado regional del PSOE Ramón Espinar, que cargó 178.400 euros; el exalcalde socialista de Móstoles (Madrid) José María Arteta (139.000 euros); el expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán (94.000 euros), que ha sido el único que se ha negado a declarar; y el sindicalista de CCOO Pedro Bedia (78.200 euros).
No lo ha solicitado para los miembros de CCOO Juan José Azcona (99.300 euros) y Rodolfo Benito (140.600), el representante de UGT Gonzalo Martín Pascual (129.700) y el representante de Unipyme Guillermo Marcos (133.600), que han atribuido el uso de sus plásticos a gastos de representación. Ahora, será el juez Fernando Andreu quien deba decicir si las acuerda o rechaza.