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El juez Castro se topa con la ley: no se puede ser instructor "emérito"

El juez de Palma solicitó continuar con la instrucción del caso Palma Arena como magistrado emérito.

El juez de Palma solicitó continuar con la instrucción del caso Palma Arena como magistrado emérito.
José Castro. Archivo

El titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de  Mallorca, José Castro, se ha topado este miércoles con la primera negativa para permanecer como instructor emérito y finalizar así él mismo la investigación del caso Palma Arena, la mayor causa de corrupción política investigada en Baleares, una vez que se jubile de forma forzosa el próximo mes de diciembre al cumplir los 70 años.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha remitido un acuerdo -adoptado por unanimidad- al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde explica que la solicitud del instructor "no se adecua a lo  previsto  en  los  arts.  200  de  la Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  y  258 del  Reglamento  2/2011  de  la  Carrera judicial".

La Ley sólo contempla la prolongación de funciones judiciales como magistrado  emérito  exclusivamente  para "formar Sala"  como magistrado suplente en  el  Tribunal  Supremo,  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales.

José Castro solicitó hace semanas que bajo la fórmula del magistrado emérito, se le permitiese proseguir "con la instrucción de las Diligencias Previas  nº. 2677/2008", es decir, con el caso Palma Arena.  De momento, esta petición cuenta ya con el informe desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Este dictamen es obligatorio ya que para la elección de magistrados eméritos debe haber un informe obligatorio del tribunal superior de justicia correspondiente, aunque éste no es vinculante para la decisión que adopte ahora el CGPJ, que tiene la última palabra.

En su acuerdo, la Sala de Gobierno le responde además a Castro que actualmente "hay un número significativo de asuntos pendientes de avanzar en la fase de instrucción por posibles delitos contra la Administración  Pública" en su juzgado  por lo que se ha procedido "al  refuerzo  de  ese órgano con una jueza de adscripción territorial durante los últimos años".

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