Cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional entregó el informe oficial con el listado de los 314 asesinatos de ETA sin resolver, la Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite) comenzó a investigar y para su sorpresa se topó con toda una red de negligencias y errores judiciales que han permitido que multitud de asesinos confesos queden impunes.
Uno de los casos más indignantes es el del policía nacional José Ignacio Pérez Álvarez, que el 30 de enero de 1990 se encontraba en el bar Los Claveles, en Galdácano (Vizcaya) tomando algo con algunos compañeros como hacía habitualmente después de la jornada laboral. Sobre las tres de la tarde, el policía abrió la puerta de su coche y una bicicleta bomba colocada junto al automóvil explotó. Los diez kilos de explosivo y metralla que componían el artefacto acabaron con su vida a los 39 años. Su mujer y sus tres hijos no volvieron a verle.
Tres años más tarde, el juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, incapaz de encontrar a los culpables del atentado, dictó el sobreseimiento provisional del caso. Y la causa siguió sin sentencia hasta que el pasado enero de 2013, el periodista Juan Fernando Fernández Calderín descubrió un informe policial que recogía la confesión de dos etarras del grupo Txalaparta detenidos en el año 1991, Óscar Abad Palacios y José Ramón Martínez García. Estos dos terroristas reconocían en dicho informe su participación en el atentado y aseguraban que la bicicleta bomba se la proporcionó Carmen Guisasola, una de las líderes de los etarras arrepentidos de la vía Nanclares, y Julián Achurra Egurola, alias Pototo.
Calderín trasladó la información al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que a su vez pidió al juez Ismael Moreno que reabriese la causa cuando apenas faltaba un mes para que el crimen prescribiese.
Lo más grave de este caso es que tanto las Fuerzas de Seguridad, como el Ministerio del Interior y el Gobierno Civil de Vizcaya conocían las confesiones de los presuntos culpables desde el año 1991, unas confesiones que quedaron registradas en un informe policial que nunca se trasladó a la Audiencia Nacional, sino que se quedó acumulando polvo en un cajón durante dos décadas. Y no sólo eso, porque si recurrimos a la hemeroteca, tanto el periódico ABC como El País publicaron en noviembre de 1991 el contenido del informe policial en el que se atribuye la responsabilidad del atentado al grupo Txalaparta. La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez asegura que no sabe cómo calificar semejante "error, despiste o desidia" por parte de la Administración, aunque sospecha que en algunas ocasiones "si analizamos el contexto histórico, estos errores se deben a negociaciones indecentes".
Juicio sin justicia para Carlos García
En el caso del asesinato del estanquero de Eibar Carlos García el 7 de octubre de 1980, sí hubo juicio, pero tampoco hubo justicia. En junio de 1981, la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Retolaza y Apolinar Bilbao como colaboradores por suministrar información a ETA sobre la víctima. En este caso no se pudo esclarecer quiénes fueron los autores materiales de los disparos que acabaron con la vida de Carlos, aunque en el marco de otra causa diferente, los etarras Francisco Marín Robles y Fermín Ancízar Tellechea confesaron que habían oído hablar sobre vigilancias al estanquero a dos históricos de la banda: Pedro José Pikabea Ugalde y Oyarbide Aramburu, alias Xiribita.
Xiribita murió en 1989 y Pikabea fue detenido en Francia en 1994 y extraditado a España en noviembre de 2001. Desgraciadamente el caso del asesinato de Carlos García prescribió en junio de 2001 sin que nadie durante todo ese tiempo interrogase a Pikabea sobre su participación en este crimen.
La confesión llegó gracias a otra víctima de la banda terrorista, el guardia civil retirado Miguel Ángel Madariaga, que se encontraba en el Instituto Armado de Andoáin cuando una célula terrorista atacó las dependencias, mató a su compañero José Díaz Pérez y él mismo perdió para siempre la movilidad de la mano derecha.
A pesar de que la Audiencia Nacional había archivado su caso, Madariaga solicitó a Instituciones Penitenciarias que le permitiesen reunirse con Pikabea en la cárcel de Álava para preguntarle a la cara si había participado en el asesinato de su compañero. Madariaga no pudo satisfacer su deseo de conocer la verdad después de tres décadas de búsqueda, en parte porque el atentado contra el Instituto Armado de Andoáin no ha prescrito, ni lo hará hasta el año 2033. Sin embargo, Pikabea sí confesó su autoría en la muerte del estanquero de Eibar, Carlos García, precisamente porque sabe que nunca pagará por su crimen.