El departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro está obligado por ley a colaborar con los tribunales españoles. Bajo este contundente argumento, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, con el apoyo del fiscal Antonio Romeral, ha vuelto a solicitar este martes a la Agencia Tributaria que le entregue los datos fiscales del Partido Popular relativos al año 2008 para valorar si dicha formación pudo haberse cometido un delito contra la Hacienda Pública.
En esta ocasión, el auto se dirige a la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), Margarita García Valdecasas, como coordinadora del auxilio judicial y firmante de las alegaciones donde la AEAT se negó a entrar dichos datos a Ruz la semana pasada.
En un providencia, dictada el pasado 25 de febrero, el instructor solicitó a Hacienda procediese a determinar la responsabilidad de la formación de Mariano Rajoy "en relación a las aportaciones económicas que en concepto de donaciones aparecen anotadas en los registros contables opacos objeto de análisis", recogidos en los denominados "papeles de Bárcenas".
Un posible delito fiscal
Ahora, en un durísimo auto el instructor reitera esta solicitud "para el caso de que no se consideren rentas exentas de tributación y tomándose únicamente en consideración para la determinación de la eventual base de tributación los gastos en que hubiera incurrido la formación política en el ejercicio de referencia que atiendan a los criterios y requisitos establecidos en la legislación tributaria". Ruz considera que esta diligencia es "útil, necesaria, idónea y posible para el total esclarecimiento de los hechos investigados".
A más abundamiento, tanto juez como fiscal sostienen que la colaboración y auxilio por parte de la AEAT es "obligada" por parte de Hacienda hacia los tribunales de España por lo que el fisco no puede negarse a facilitar dichos datos fiscales a la Audiencia Nacional.
Ruz explica que atendiendo a nuestro marco legal y según la doctrina jurisprudencial, la respuesta ofrecida por la responsable de la ONIF debe rechazarse, "motivando, como igualmente reclama el Ministerio Fiscal, un nuevo requerimiento que deberá ser atendido en sus estrictos términos, y ello por cuanto el criterio esgrimido en este concreto caso por la ONIF resulta infundado y contradictorio con lo resuelto por la misma Agencia en supuestos similares obrantes en la causa".
La respuesta de Hacienda "contradictoria"
El juez considera "infundada", "errónea" e "improcedente" la respuesta de Hacienda porque parte de un "deficiente entendimiento del contenido" y alcance de la labor auxiliadora a la instrucción que legalmente le corresponde a la AEAT, "además de revelar una errónea comprensión de la naturaleza de la función instructora en sede jurisdiccional penal".
Asimismo, Ruz advierte de que de admitirse la negativa de la AEAT se estaría privando al instructor de la dirección de la investigación en un procedimiento judicial, tal y como lo tiene conferido por Ley.
Además, en el auto dictado este martes el juez también acuerda requerir a la misma unidad de auxilio judicial que determinen las contingencias fiscales en el impuesto sobre el IVA del PP por los pagos opacos realizados a la empresa Unifica, por las reformas realizadas en la sede del partido que sita en la calle Génova de Madrid. Es decir, el instructor solicita ahora a la ONIF que elabore un informe con las cuantías relativas al IVA que los populares dejaron de abonar en las reformas de la sede nacional.