El presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha negado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo Francisco Monterde haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al contratar a un abogado con fondos públicos en 2001 y ha rechazado que su imputación por este asunto le lleve a dimitir. "Tengo la conciencia tranquila y los bolsillos cristalinos, no tengo ningún tinglao raro", ha dicho.
Imbroda ha atendido a los medios de comunicación al término de su declaración en el Supremo, que se ha extendido durante casi hora y media. La citación se produjo sin necesidad de cursar antes suplicatorio porque fue solicitada por el dirigente popular.
El Alto Tribunal abrió causa contra Juan José Imbroda el pasado 12 de febrero tras estudiar la exposición razonada remitida por titular del juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, Emilio Lamo Espinosa, quien ve indicios de un delito de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación efectuada por el Gobierno local. La Fiscalía sólo ve claro el primero de ellos.
A las puertas del Supremo el político ha señalado que durante su declaración ante el magistrado instructor ha dado las explicaciones oportunas y que sale con la conciencia igual de tranquila que tenía antes de comparecer este miércoles. "Respeto a la Justicia y tengo que esperar a lo que dice el Supremo", ha dicho.
Sobre los hechos que se le imputan, el presidente de Melilla ha insistido en que "está todo explicado" y que los hechos se remontan a la primavera de 2001, por lo que ha tenido que hacer esfuerzos para ver lo que pasó en aquella época. "Pero una vez que me he puesto al corriente de lo que pasó pues he comprobado que actué conforme a derecho y eso es lo que he explicado", ha dicho.
Imbroda ha insistido en que la contratación se realizó "sin ninguna doblez y ninguna mala intención" y en que fue apoyado por los servicios técnicos y jurídicos de la Administración autónoma. "En ningún momento tuve ninguna advertencia de ilegalidad", ha afirmado, para añadir que en estos casos "lo peor son las incertidumbres" y por eso tras enterarse de la investigación abierta se dirigió al Supremo para declarar voluntariamente.
"He venido a hablar de mi libro"
Preguntado si su situación es la misma que la de los expresidentes Chaves y Griñán, el presidente de Melilla ha afirmado que él no se mete en otras historias y que viene a hablar de su "libro", que tiene que ver con una presunta prevaricación administrativa del año 2001.
"Aquí no hay ninguna malversación de fondos públicos ni tráfico de influencias ni dinero ni nada, lo demás pues serán sus problemas", ha añadido.
Por ello ha insistido en que el tiene la conciencia tranquila aunque pone su cargo a disposición del PP. "Si me lo piden estaré abajo limpiando, porque aquí lo importante son los ciudadanos de Melilla, a los que lo que menos les interesa es la inestabilidad", ha concluido.
En su exposición razonada, el juez territorial señalaba que existen "indicios suficientes y concretos" de que el letrado Juan Jesús O.A. fue designado de manera directa por el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla para la dirección técnica de diversos procedimientos correspondientes a despidos derivados de Cooperativas de Trabajo.
Según la investigación del juez instructor de Melilla, la designación del abogado se habría realizado por medio del otorgamiento de un poder notarial en abril de 2001 "sin observar ninguno de los requisitos" exigidos en la normativa aplicable a este tipo de contrataciones.
Respecto a otras personas investigadas en Melilla y que no son aforadas, el Supremo ya señaló el pasado día 12 que éstas sólo serán llamadas por el alto tribunal si se apreciara una "conexión material imprescindible" con Imbroda, lo que a juicio de la Sala no ocurre, de momento, en este caso. Por ello, de momento, seguirán en la causa del Juzgado número 2 de Instrucción de la ciudad autónoma.
La Fiscalía informó favorablemente a la apertura de este procedimiento contra Imbroda el pasado mes de octubre, ya que el alto tribunal es competente para investigar esta causa por la condición de aforado del senador y por entender que hay indicios "suficientes" para el esclarecimiento de unos hechos que presentan "apariencia delictiva", constitutivas de "al menos" un delito de prevaricación, "sin descartar obviamente la existencia de otras infracciones penales".