Son millones totalmente perdidos y desviados de sus legítimos fines porque la Fiscalía de Sevilla afirma que ninguno de ellos, y son 40, fueron empleados en modernizar las infraestructuras de riego que era el fin prefijado. El proyecto que lo justificaba, presentado por la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, estuvo lleno de irregularidades desde la tramitación de la subvención a la adjudicación de las obras. La Fiscalía, que no quiere que prescriban los delitos, según ABC, encuentra alrededor de veinte implicados, entre ellos los dos ex altos cargos de la Junta así como responsables de la comunidad de regantes y las empresas adjudicatarias.
Los dos ex directores generales del Gobierno de Manuel Chaves son Francisco Ruiz Orta y Tomás Martínez Jiménez, ambos responsables de Regadíos en la Consejería de Agricultura y Pesca, por aquel entonces bajo la batuta de Isaías Pérez Saldaña. Además, pide la imputación de cuatro funcionarios de la Junta de Andalucía y ocho miembros de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir –entre ellos su ex presidente Diego García– y responsables de las empresas que recibieron la adjudicación de las obras. Por si fuera poco, pese a que los responsables fueron advertidos, "no comunicaron estas irregularidades" y extendieron una acreditación en la que "se certificaba falazmente".
La acusación que pesa sobre todos ellos, precisa El Mundo, es el desvío millonario de una subvención que concedió en 2004 el desaparecido Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) destinada a cubrir el 60% de un proyecto de modernización de los regadíos de esta comarca sevillana, que tenía un presupuesto total de 66,6 millones. Pero las obras nunca se hicieron y el dinero ha desaparecido por lo que la Fiscalía aprecia tres presuntos delitos: falsedad en documento oficial por funcionarios públicos, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Es tan grave el caso que la Fiscalía subraya que la directiva de la comunidad de regantes simuló cumplir los requisitos exigidos para acceder a la subvención pública falsificando un documento oficial para acreditar que la comunidad contaba con medios financieros y que había celebrado una asamblea general –preceptiva– para aprobar la aceptación de la ayuda. Luego siguió el amaño de un concurso para adjudicar las obras, primero adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Teconsa, Elecnor, Meci y Tegner y, luego, tras ser anulada esta decisión a otra UTE, compuesta por Befesa y Alpi, con la que, dice la Fiscalía, los directivos de los primeros adjudicatarios acordaron repartirse los beneficios mediante un pacto secreto.
Recuérdese que Libertad Digital informó hace más de dos años del principio del caso y que hace dos meses la Oficina Antifraude de la UE (Olaf) reflejó en un informe los indicios de delito en la gestión de la subvención. La Olaf escribió "graves irregularidades" en el expediente, certificaciones falsas por valor de 2.946.154,05 euros y trato de favor a empresas que nunca debieron ser las adjudicatarias.
Ahora falta que el juez firme el auto accediendo a la petición de imputaciones del fiscal lo que puede ocurrir en los próximos días