En 2013, la Sección Sindical de UGT de la empresa Ambulancias Tenorio, conocida desde hace años como empresa "amiga" de sectores del PSOE andaluz, confesaba haber presionado para que las adjudicaciones siguieran llegando a la empresa de sus preferencias calificando de "empresas piratas" y de ganar dinero a costa de los enfermos a las empresas competidoras. Por ello, confesaba que habían efectuado gestiones con la Consejería de Salud en Sevilla, con las gerencias de algunos hospitales y centros de salud y con el PSOE de Sevilla con el fin de obtener la adjudicación del contrato para su empresa. Y las gestiones tuvieron éxito en cuanto Susana Díaz llegó a la presidencia de la Junta. El concurso público se convocó el 10 de octubre de 2013, cuando llevaba poco más de un mes al frente de la Junta de Andalucía y días después comenzaron las presuntas irregularidades.
Ahora, cuenta El Mundo, el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla está investigando el presunto amaño del mayor concurso público licitado y adjudicado por la Junta de Andalucía en la corta etapa de la Presidencia de Susana Díaz. Y se trata de Ambulancias Tenorio e Hijos SL, con un montante de cerca de 250 millones de euros. La denunciante ha sido la empresa de ambulancias ADA, SA, que ha denunciado graves irregularidades durante el proceso mediante una querella criminal contra 16 personas, entre ellos altos cargos y medios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Pero fueron ABC y Libertad Digital los que investigaron el caso hace más de seis meses. Desde julio de 2014, una única empresa, Ambulancias Tenorio e Hijos SL, había logrado el monopolio del transporte sanitario programado y urgente que generaban los 188 centros de salud y nueve hospitales de la provincia de Sevilla. A cambio, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pagaría 49,1 millones de euros cada bienio a esta empresa ubicada en la capital hispalense y administrada por Juan José Tenorio Rodríguez.
El "megacontrato", que se firmó el 18 de julio, permitía sucesivas prórrogas durante una década, por lo que podría llegar a facturar 236 millones de euros al organismo de la Junta. Ambulancias Tenorio e Hijos SL se hizo con este contrato a pesar de que su oferta superaba en 1,2 millones a la de su único competidor en Sevilla. cuya oferta habría ahorrado 1,2 millones de euros a la sanidad andaluza.
Curiosamente, Ambulancias Tenorio rompió un preacuerdo que tenía con ADEA para concurrir unidos y la mesa de contratación rehusó puntuar gran parte de su flota de ambulancias de la competidora -hasta 94 vehículos- amparándose en que carecían de la tarjeta de transporte, que no puede obtener hasta 2014, y de la autorización administrativa sanitaria, una documentación que no estaba prevista en el pliego.
Ahora, el juez Juan Jesús García Vélez –el mismo que investiga el caso UGT– aprecia indicios de delito en la manipulación del concurso público mediante la modificación de las condiciones en el proceso de licitación, y menciona presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas.
El caso afecta a los directores generales de Gestión Económica y Servicios del SAS Inés Bardón Rafael, que ocupó el cargo durante parte del proceso, y su sustituto, Horacio Pijuán González, que realizó la adjudicación. La querella se dirige también contra los siete miembros de la mesa de contratación de los servicios de apoyo del SAS –Luisa Marín, Carmen Fernández, Carlos González, Carmen Acero, Santiago Rodríguez, Dolores Bejarano y Florinda Rodríguez–, así como los integrantes de la comisión asesora que puntuó las ofertas -Dolores Rioja, Inmaculada Rodríguez, Rafael Márquez, José María Martínez, Francisco Bonilla, José Franco y Urbano Paz.
La consejera de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, garantizó que el concurso se había realizado con estricto cumplimiento de la ley y "respetando absolutamente los procedimientos y los plazos establecidos". El PP andaluz denunció que no se trataba de un procedimiento común, porque lo que se había hecho era otorgar "un monopolio", a partir de una actuación que está plagada "de incertidumbres". Por ello, preguntó a la consejera si era normal que se adjudicara el contrato a la empresa que presentó la oferta más cara, con una diferencia de1,2 millones de euros.
Ambulancias Tenorio y el caso Guerra
El caso Guerra fue muy amplio y llegó hasta los entresijos del Servicio Andaluz de Salud. Según informó ABC en 1991, dos amigos de Juan Guerra, José Pardo García y Rafael Fernández Campano fueron denunciados por Ambulancias Tenorio ante el gerente provincial de SAS en Sevilla.
El gerente del SAS entonces, Agustín Ortega Limón, refirió ante el juez instructor del caso, Ángel Márquez, que había recibido una visita de Juan Guerra, asistente de su hermano Alfonso por aquel entonces en la Delegación del Gobierno de Sevilla, para explicarle que en realidad, la empresa Ambulancias Tenorio quería quitar de en medio a sus dos amigos porque conocían las anomalías en la facturación de esta empresa. Es más, cuenta ABC que Juan Guerra mostró documentación que podría demostrar que Ambulancias Tenorio cobraba por servicios no realizados.
Pardo García y Fernández Campano eran por entonces los empleados públicos que ordenaban el tráfico de ambulancias en la provincia de Sevilla. A ambos se les abrieron sendos expedientes disciplinarios como consecuencia de la denuncia de Ambulancias Tenorio en 1991.
Nota: En el segundo párrafo se decía por error que la autoría de la denuncia era de la empresa SSGA cuando en realidad era la empresa de ambulancias ADA, SA.