El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este lunes en un Pleno extraordinario el informe favorable a la nueva ley Montoro gracias al voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes.
Diez vocales han votado a favor de la ponencia redactada por el vocal Gerardo Martínez Tristán, diez en contra mientras que el vocal Fernando Grande Marlaska ha votado en blanco, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Dicho Anteproyecto de la Ley General Tributaria propone el carácter público de las sentencias condenatorias firmes en materia de fraude fiscal y la publicación de un extracto de estas resoluciones en el BOE. El informe aprobado considera esa modificación legal proporcionada y ajustada a la Constitución.
El documento sostiene que la nueva ley tiene como objetivos impulsar la lucha contra el fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, e incrementar la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas y, especialmente, de las actuaciones judiciales en ese ámbito.
"Lucha contra el fraude fiscal"
El texto de Martínez Tristán reconoce que la publicidad de la sentencia puede suponer un gravamen para la persona condenada susceptible de afectar a sus derechos individuales al honor, intimidad y protección de datos, "pero también cabe entender que esta publicidad cumple fundamentalmente una función de información y en gran medida de lucha contra el fraude fiscal, configurándose como un elemento preventivo y educativo".
Tras un largo debate entre los miembros del CGPJ, a favor de dicho informe han votado los vocales Vicente Guilarte, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, Nuria Díaz Abad, Ángeles Carmona, Wenceslao Olea, Juan Manuel Fernández (nombrados todos ellos a propuesta del PP), José María Macías (nombrado por CIU), Mar Cabrejas (nombrada a propuesta del PSOE) y el propio presidente Carlos Lesmes, obligado a desempatar con su voto de calidad.
Por su parte, en contra han votado los vocales Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, María Victoria Cinto, Pilar Sepúlveda, Roser Bach, Rafael Fernández Valverde, Álvaro Cuesta (nombrados a propuesta del PSOE), Carmen Llombart (nombrada a propuesta del PP), Concepción Sáez (nombrada por IU) y Enrique Lucas (nombrado a propuesta del PNV).
Cuesta, a favor de más publicidad
Este segundo grupo de consejeros considera que la ley Montoro puede afectar a la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos como el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la protección de datos excepto el progresista Cuesta que se ha mostrado en el Pleno a favor de una mayor transparencia señalando que sería necesario dar más publicidad a todo lo relativo al fraude fiscal, según explican las fuentes consultadas a Libertad Digital.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado que se introduzca dos modificaciones en el informe que se enviará al Consejo de Ministros. La primera de ellas considera necesario "valorar" la reparación del daño por parte de quienes cometen el fraude fiscal y, la segunda se refiere a la "retroactividad" de la nueva Ley Tributaria.
Sobre este segundo extremo, el órgano de gobierno de los jueces entiende que se debe publicar las sentencias condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública siempre que esos hechos delictivos hayan sido cometidos después de la entrada en vigor de la nueva Ley General Tributaria.
La reforma de Ley Tributaria prevé la publicación de una lista de deudores -compuesta por aquellos contribuyentes que el próximo 31 de julio deban a la Hacienda pública más de un millón de euros- y otra de defraudadores, con las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra Hacienda que se confirmen, tras la entrada en vigor de la reforma, aunque deriven de hechos acaecidos previamente.