La llamada de la presidenta en funciones tenía la finalidad de transmitir al Poder Judicial su preocupación por la lentitud de la investigación de los casos pendientes, desde el caso ERE al de la formación pasando por Invercaria, Marismas y otros, y el desgaste político que conlleva para ella. Pero de todos el caso de los casos es el caso ERE, que ha implicado que ante el Tribunal Supremo tengan la calidad de imputados dos expresidentes de la Junta y dos exconsejeros de Presidencia, Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, sucesivamente.
La importancia del caso está siendo vital en el proceso de investidura fallido por cuanto Podemos y Ciudadanos han hecho de la renuncia a las actas de aforamiento de Chaves y Griñán, diputado y senador respectivamente y se han erigido en uno de los escollos de la negociación. A día de hoy, aún no han dejado tales puestos judicialmente privilegiados.
Por ello, quien instruya el caso ERE nunca ha sido indiferente para una Junta que ha llegado a ser acusada de defender a los imputados más que preservar los intereses de los andaluces y de obstaculizar la labor de la juez Alaya mediante retrasos injustificados en la entrega de documentación.
Después del traslado de la juez Alaya a un puesto en la Audiencia Provincial de Sevilla, que pidió voluntariamente, la juez había manifestado su deseo de seguir en funciones en el caso y otros macrocasos hasta su terminación, algo que parece haber inquietado a Susana Díaz.
No contenta con que la sustituta de la juez Alaya en el juzgado de instrucción número 6 sea María José Núñez Bolaños -, una juez de familia, sin experiencia en el terreno penal como han destacado a Libertad Digital fuentes de la Audiencia Provincial; muy amiga del exfiscal Emilio de Llera, mano derecha de Susana Díaz desde la titularidad de la Consejería de Justicia e Interior y compañera del hermano de Ángel Ojeda, exconsejero de la Junta y principal imputado del caso cursos de formación, en una institución formativa sevillana -, Susana Díaz, se ha puesto en contacto con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para interesarse, informa ABC, por la decisión que tomará el órgano de gobierno de los jueces en torno a la continuidad o no de la magistrada en ese juzgado, que desde hace unas semanas cuenta con una nueva titular.
Según el diario de Vocento, Díaz, en un nuevo acto de nerviosismo, habría transmitido a Lesmes su pesar por la lentitud de las investigaciones de Alaya, al considerar que el hecho de no cerrar los procedimientos que están abiertos en Sevilla y que afectan a los mandatos de sus antecesores están causando un perjuicio enorme al Gobierno autonómico, pues no acaba de quitarse de encima la sombra de una sospecha que desde hace unos meses se extiende también sobre los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, imputados en el Tribunal Supremo.
Lesmes, según estas fuentes, informó a Díaz de los refuerzos del juzgado que instruye los macrocasos que implica que, junto con la nueva juez titular, haya otros dos jueces en comisión de servicio y uno de refuerzo. Como es sabido, Mercedes Alaya ha pedido ser uno de estos jueces para concluir las investigaciones más importantes.
Después de las elecciones del día 24, el CGPJ tomará su decisión en la Comisión Permanente del Consejo, es decir, el núcleo de decisiones del órgano, del que forman parte cinco vocales (tres propuestos por el PP y dos por el PSOE) más el presidente, el propio Carlos Lesmes. Por ahora, la sensación es que se mantendrá a la juez Alaya como refuerzo en el juzgado, algo que ha sido propuesto por el tribunal superior andaluz y también por la propia juez. Si la nueva juez no está de acuerdo, será ella, titular del juzgado, a la que corresponderá el reparto de asuntos.
Es el juez titular el que asume las causas que ya se están investigando, y deja para el juez de apoyo sólo "los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento" de juicio oral.
Vocales "progresistas" del Consejo no son partidarios de que Alaya siga instruyendo estas causas. Argumentan que, teniendo titular ya ese juzgado y con un plan de refuerzo en marcha, no tiene sentido ni sustrato legal su continuidad, máxime cuando su nueva plaza en la Provincial está vacante.