La Junta de Andalucía, con Susana Díaz como presidenta en funciones, conocía que, además de incumplir los requisitos básicos del concurso de minería que les concedió la explotación de Mina de Aznalcóllar, el capital social de la compañía española que aspiró y logró la adjudicación, Minorbis, SL, era tan sólo de 3.000 euros para una inversión de 300 millones. Es más, según la Policía, en su objeto social ni siquiera aparecía el negocio de la minería. Sin embargo, logró ganar el concurso según el documento firmado por el consejero de Economía de la Junta, José Sánchez Maldonado y la propia presidenta en funciones, Susana Díaz.
Aún hoy, ese sigue siendo el capital social de Minorbis, la empresa participada por las empresas de la familia López Magdaleno, beneficiarias de importantes subvenciones por parte de la Junta de Andalucía y el gobierno de España, tanto en época de José Luis Rodríguez Zapatero como en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.
Según la nota simple expedida este mismo martes por el Registro Mercantil de Sevilla, en efecto, el capital social sigue siendo de 3.000 euros a pesar de haberse agenciado la adjudicación de una mina cuya inversión es de 300 millones como mínimo y con creación de 1.500 puestos de trabajo.
Por si fuera poco, algunas de las firmas incorporadas en la documentación de las empresas adjudicatarias no estaban debidamente autentificadas. Es más, como publica El Mundo, la policía sospecha que la firma del Grupo México fue falsificada.
Consta tal afirmación en el informe de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla remitido al Juzgado de Instrucción número 3 el pasado 23 de abril. En dicho documento están expuestas las dudas policiales sobre la autenticidad de parte de la documentación presentada por la filial mexicana del grupo cordobés Magtel, que fundó la empresa Minorbis unos días antes de la adjudicación del concurso, concretamente el 17 de marzo de 2014.
En los papeles en los que la empresa adjudicataria acreditó su alianza con la multinacional mexicana que debía aportar la experiencia y la capacidad de la que la empresa española carecía, las firmas no están autentificadas y además, la policía duda de la existencia real del consorcio internacional beneficiado Grupo Mexico-Minorbis.
El informe policial tiene en cuenta las sospechas de la propia comisión técnica que valoró las propuestas y que hizo acerca de la originalidad de las firmas del supuesto representante del Grupo México en este proyecto.
Por ello, la misma comisión técnica llegó a reclamar a Minorbis una ratificación de los documentos en los que aparecían las firmas de cuya originalidad dudaba. Sospechosamente, dicha ratificación no llegó jamás a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a la que Susana Díaz encomendó el concurso de Aznalcóllar y sin embargo, adjudicó la mina al consorcio a pesar de las dudas.
¿Participa realmente el grupo México en el proyecto o sólo ha sido la empresa de "paja" del concurso? La duda surge de que no se ha cumplido la exigencia de aportar el informe expedido por la Oficina Consular de España en México respecto a la capacidad de la multinacional minera. Tampoco aparece el documento que debería detallar el compromiso de inversión de cada una de las partes.
La policía concluye que Magtel no contaba con el respaldo de la multinacional mexicana cuando se presentó al concurso y tampoco cuando lo ganó. Es más, ni siquiera "puede entenderse" que el Grupo México respalde económica, financiera y técnicamente a Minorbis.
A pesar de todo, la dirección general de Minas, que apartó a otras empresas del concurso, admitió la oferta de Minorbis . La propia Comisión Técnica, según la Policía, aportó valoraciones irregulares que beneficiaron a Magtel y admitió como válido a un equipo de profesionales no preparados para el evento.
Los investigadores de la Brigada de Policía Judicial destacan en el atestado que Minorbis – la filial con la que Magtel se presentó al concurso – no tenía como objeto social la minería ni el capital social suficiente cuando presentó su oferta. En estos momentos sí que aparece lo siguiente como objeto social: "La exploración, investigación, explotación y tratamiento industrial de yacimientos minerales y demás recursos geológicos".