Las irregularidades en el concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, proyecto que curiosamente no tiene ni agua para comenzar a funcionar según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, han llegado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investiga, no ya el concurso, sino el origen mismo de la operación de nueva puesta en servicio de la mina. Según la empresa afectada autora de la demanda, Qbis Resources S.L, la reapertura de la mina es el resultado de una trama que poco a poco se irá conociendo.
Desde marzo, el alto tribunal investiga las presuntas irregularidades anteriores a la convocatoria del concurso adjudicado y considerado altamente sospechoso tras el auto de la juez Patricia Fernández que subrayó que los concursantes finalmente agraciados con la adjudicación no habían cumplido uno solo de los requisitos, auto combatido por el interventor de la Junta, por los servicios jurídicos de la Junta e incluso por el partido Ciudadanos, que no encuentra nada irregular en la concesión a tres días de las elecciones generales.
Publica hoy El Mundo que la sala de lo Contencioso–Administrativo del Alto Tribunal andaluz admitió a trámite hace dos meses una demanda interpuesta el 30 de diciembre de 2014 por la empresa Qbis Resources S.L., de capital australiano, que impugnó la propia convocatoria del concurso.
En el concurso se daba por supuesto que los derechos de investigación y explotación de yacimiento de Aznalcóllar pertenecen a la Administración autonómica. En realidad, la empresa demandante afirma que estos derechos le pertenecen en virtud de la petición que formalmente presentó en el año 2011. Según la demanda, la Junta de Andalucía no tiene competencias para reservarse los derechos mineros de Aznalcóllar, que son competencia del gobierno de España.
El caso es que Qbis Resources, al amparo de la Ley de Minas, solicitó el permiso de investigación en octubre de 2011, presentó los correspondientes proyectos técnicos, el informe de impacto ambiental y la acreditación de la solvencia técnica y financiera, además de abonar las tasas. Pero la Junta de Andalucía no se dio por enterada y nunca llegó a contestar. El gobierno central tampoco hizo nada a pesar de haberse interpuesto un recurso de inconstitucionalidad.
La Junta ignoró el "derecho de preferencia" en la investigación y explotación minera que prevé la vigente Ley de Minas y, en virtud de la cual, correspondería este derecho a esta empresa que reprocha a la Junta de Andalucía su actuación y al gobierno central que haya avalado el concurso tras presentar, en un primer momento, un recurso de inconstitucionalidad porque la Junta no podía reservarse los derechos de la mina.
O sea, que la explotación de Aznalcóllar no podía sacarse a concurso y que para hacerlo, se han vulnerado la Constitución y la Ley de Minas. La demandante augura que la Administración andaluza tendrá que asumir indemnizaciones "millonarias" cuando la justicia se pronuncie.