Una veintena de rumanos propinaron el pasado lunes por la tarde una paliza brutal al funcionario judicial que les había notificado un desahucio unos días antes cuando le identificaron en el interior de una discoteca. La víctima, José Luis Pena, permanece ingresado en la Policlínica Miramar de la capital balear con dos costillas rotas, dos fisuradas y policontusiones por todo el cuerpo, según informa el diario local Última Hora.
Todo ocurrió cuando en la tarde del pasado lunes José Luis se encontraba con unos amigos en una discoteca de la Playa de Palma y uno de los agresores le reconoció. Según el periódico local, la víctima afirma que señaló claramente a la Policía Nacional quién era el principal agresor, pero los agentes no lo detuvieron.
El CSI-F denuncia indiferencia e indefensión
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha denunciado la "brutal agresión" sufrida por este funcionario del servicio común de notificaciones y embargos de Palma de Mallorca. Así lo ha señalado en un comunicado, en el que exige al Ministerio de Administraciones Públicas que de, "una vez por todas", proceda a llevar a cabo el protocolo de prevención de agresiones.
Además, CSI-F ha anunciado que se personará como acusación particular en el Juzgado, al tiempo que ha recordado que "lleva tiempo denunciando el incremento en el número de agresiones a los funcionarios". "Los empleados públicos nos encontramos con un grave problema de inseguridad que se vive a diario, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los casos aún no salen a la luz por la ausencia de un protocolo unificado", han advertido.
Según han explicado, el tipo de violencia que más sufren los empleados públicos es verbal -insultos, gritos, amenazas-, seguida por "verbal y física" -la agresión comienza con gritos y finaliza con golpes al mobiliario o en el peor de los casos con una agresión física- y en tercer lugar directamente una agresión física.
Con todo, desde el sindicato han apuntado que el número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia es reducido "por la creencia de que la denuncia no sirve para nada, o por el miedo a las represalias de los usuarios". Por eso, anima a los trabajadores a denunciar y no tolerar estas situaciones. Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas, según han destallado desde el sindicato.
Ante este problema, CSI-F exige que la violencia sea contemplada como un objeto de la acción preventiva, haya o no antecedentes de la misma, en el marco de un protocolo para el conjunto de las administraciones públicas, además de una formación adecuada para la detección de las situaciones violentas, la protección y el manejo de conflictos.
El incremento de las medidas de protección, la creación de un Observatorio de Agresiones a los Empleados públicos que institucionalice el seguimiento de este problema, así como la aprobación de un protocolo de prevención frente a la violencia en el trabajo, en el conjunto de las Administraciones Públicas, son otras de las actuaciones que reclaman para poder hacer frente a las agresiones.