El secretario de Organización del PSOE, César Luena, anunció este jueves que los diputados Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera habían puesto a disposición del partido sus actas minutos después de conocer este jueves que el Tribunal Supremo mantenía su imputación en el caso de los ERE.
Esta decisión tiene una clara y rápida consecuencia jurídica: dejarán de ser aforados nacionales y, en consecuencia, el Alto Tribunal perderá la competencia para investigarlos tal y como ha ocurrido con el exsenador José Antonio Griñán.
Sin embargo, el panorama se complica ya que el diputado José Antonio Viera, por ejemplo, ya ha anunciado que no está dispuesto a renunciar a sus acta en el Congreso por lo que el caso podría permanecer en el Alto Tribunal. Pese a ello, el juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro sostiene que Chaves. Griñán, Viera y Zarrías son coautores de un delito de prevaricación administrativa y que, por lo tanto, es complicado disgregar esta causa en dos juzgados distintos.
Según fuentes jurídicas consultadas, sólo en el momento en que todos los aforados perdieran esta condición, los ERE volverían de forma íntegra al Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla donde la juez Mercedes Alaya seguirá investigando esta macrocausa de corrupción pese a haber perdido la titularidad del mismo.
En este hipotético escenario, sería Alaya la que decidiría si vuelve a citar en calidad de imputados a Chaves, Griñán, Viera y Zarrías y si, más adelante, abre juicio oral contra los exdirigentes de la Junta de Andalucía por un delito de prevaricación administrativa, al que podrán sumarse otros tipos delictivos que la juez pueda apreciar.
Alaya, reforzada
Sin embargo, la principal diferencia entre en el verano de 2014 cuando Mercedes Alaya envió su exposición razonada al Supremo -donde implicaba por primera vez en el fraude de los ERE a los expresidentes de la Junta y sus exconsejeros- y este verano es que ahora la magistrada podrá investigar a Manuel Chaves, José Antonio Griñán, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías con el respaldo de uno de los jueces más prestigiosos de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Estas complicaciones procesales se deben a los fueros. De hecho, el propio magistrado Alberto Jorge Barreiro el auto sobre Griñán, aborda la problemática de los aforamientos, que permite "fragmentar el proceso e impide un enjuiciamiento conjunto, cuando el aforado además puede renunciar al fuero en un momento determinado".
El magistrado del TS criticó que la causa se ha instruido durante "cuatro años en Sevilla sin que la juez Alaya haya podido investigar directamente a la cúpula de la pirámide funcionaria de la Junta de Andalucía por tener la condición de aforados" y cuando el Supremo entra a hacerlo, cuatro años después, "la investigación procesal ya está consolidada y las posibles vías o fuentes de averiguación directas contra los aforados se muestran ya más bien marchitas o inaccesibles para reiniciar una instrucción".