El "Portal de la transparencia" de la Junta ni informa de las dietas que se cobran en las instituciones y organismos públicos ni del número de empleados de la "administración paralela". Ayer por la noche se abrió, por fin, el anunciado "portal de la transparencia" de la Junta como consecuencia de la ley que impulsó el PP y que obligaba a hacerlo antes de final de año. Por vez primera se puede conocer, aunque no de modo completo, el peso de las empresas públicas de la Junta, la ya famosa por denunciada "administración paralela".
Hay 93 entes instrumentales de la Junta -sin contar las 12 agencias asimiladas a la Administración general resultantes del proceso de reestructuración de 2011 pese a su discusión judicial. En estas Agencias hay 42 contratos de alto nivel o altos cargos.
Pero no hay manera de conocer el número de empleados públicos (que calculó hace un año en 26.817) ni el número de puestos directivos que, según el grupo Joly, superarían los 400.
Según la propia Junta, los altos cargos son 238, de los que 196 pertenecen a la Administración general -presidente, consejeros, directores generales, delegados provinciales...- y otros 42 son directivos de alto nivel.
16 altos directivos de Canal Sur cobran más que Susana Díaz (63.808,20 euros). La directora de Canal Sur Radio, Inés Alba (78.522,77 euros); otros nueve que tienen este mismo sueldo, entre los que se incluye el subdirector general, Joaquín Durán (que no es alto cargo), y otros seis directivos de Canal Sur con 73.450,36 euros.
Pero todo es engañoso porque la información recoge únicamente la retribución por el puesto de trabajo sin añadir complementos (de productividad, por ejemplo),ni antigüedad ni otras dietas. Desde 2010 las leyes de Presupuesto de la Junta de Andalucía obligan a sus altos cargos, incluido el personal de alta dirección de las empresas públicas, a no cobrar por encima del sueldo asignado para la persona titular de la Presidencia.
Pero esa es la ley. Con las trampas, el límite del sueldo presidencial de 63.808 euros, "incluida la productividad y cualquier otro incentivo o concepto", se ha rebasado en ejercicios anteriores por algunos gerentes de organismos.
El portal de transparencia incluye las indemnizaciones por vivienda que han cobrado este año 60 altos cargos, la más cuantiosa los 1.335,90 euros mensuales del ex consejero de Educación Luciano Alonso (lo que sumado al sueldo de consejero de 62.800 supera al sueldo de Susana Díaz).
Se conocen, eso sí, las indemnizaciones que se cobran tras dejar el Gobierno, conocidas como cesantías, que han cobrado este año 27 altos cargos. y que sólo seguirían cobrando los ex consejeros de Izquierda Unida Diego Valderas (4.186 euros mensuales durante dos años, esto es, 100.000 euros en dos años) y Rafael Rodríguez (misma cantidad).
El número del personal de confianza designados es de 222, 76 de los gabinetes y el resto de servicios como la Oficina del Portavoz o servicio de protocolo.
La flota global de vehículos oficiales de la Junta asciende a 4.086, aunque de ellos sólo 64 se dedican a la representación política y el resto a servicio público (sanitario, forestal, judicial y policial, entre otros).
Extrañamente, la Junta tiene un patrimonio inmobiliario de 14.589 inmuebles. Concedió 104.000 subvenciones y 70.000 contratos.
Aunque la ley andaluza de transparencia afecta a partidos, sindicatos y patronal nada se sabe de las retribuciones de los dirigentes sindicales y empresariales o los presupuestos de los partidos políticos de los que no se conocen las cuentas anuales.
El PSOE federal dio mandato hace más de un año a las organizaciones territoriales para que publicasen esas cuentas pero el PSOE andaluz no lo hace. El PP nacional publicó sus cuentas a raíz del caso Bárcenas en la web del PP andaluz pero ya no están operativas. Izquierda Unida tampoco las publica. Ni Podemos ni Ciudadanos.
Comisiones Obreras se remite a un documento de cuentas nacional publicado el pasado 9 de junio, sin detalle sobre la federación regional. UGT tiene información más detallada de sus ingresos, gastos, organigrama o subvenciones recibidas, pero datan de 2013. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ultimaba ayer "problemas técnicos" para actualizar información sobre sus estatutos, organigrama o memoria de actividades, sin información tampoco sobre la retribución de su presidente.
La explicación es que la ley sólo exigió a partidos, sindicatos o patronales "publicidad activa", sin que los ciudadanos puedan pedirles información.
Los ayuntamientos andaluces se incorporarán el 1 de enero al cumplimiento de la Ley andaluza de Transparencia.