La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), que depende del consejero de Justicia e Interior, el ex fiscal Emilio de Llera, es el órgano de la Consejería de Justicia e Interior encargado de la formación y perfeccionamiento de los miembros de seguridad pública de Andalucía, incluyendo las policías locales, bomberos y personal de los servicios relacionados con la protección civil. Es precisamente el Fiscal General de Andalucía el que ha abierto diligencias para comprobar si los responsables de esta Escuela, decisiva en el control de la policía municipal en Andalucía, han cometido un delito de prevaricación por haber convocado un examen, sin tener en cuenta la legalidad, con la finalidad de aprobar a alumnos suspendidos en las pruebas oficiales.
El examen ilegal fue realizado el 8 de enero de 2015, en un momento en que el coordinador del profesorado estaba de vacaciones y al margen de su criterio. Libertad Digital ya denunció también el extraño caso de dos exámenes, en el mismo curso al que nos referimos, en el que el 98 por ciento de los alumnos obtuvieron la calificación de sobresaliente o matrícula de honor, después de que el profesorado fuese obligado a facilitar las preguntas que iban a formularse en dichas pruebas al jefe del Servicio de Formación, Ignacio Gallego Cubiles.
Ahora, el Fiscal General de Andalucía ha abierto diligencias de investigación penal para averiguar si el director de la Escuela de Seguridad Pública -Isidoro Beneroso Álvarez- y el mencionado jefe del Servicio de Formación incurrieron en un delito de prevaricación en la irregular organización y realización del examen de Derecho en el curso de ingreso a los cuerpos de la Policía Local.
En el caso que investiga ahora la Fiscalía, la mitad del alumnado, que suspendió el examen de Derecho Administrativo, consideró que los criterios de evaluación aplicados (se exigía un 65% de respuestas correctas para aprobar y, además, las respuestas erróneas puntuaban negativamente) eran incorrectos. Pero resulta que dicho sistema de examen es el que la propia Junta de Andalucía aplica en las oposiciones para ingreso en todos los cuerpos de la Administración General y para las diversas categorías estatutarias del Servicio Andaluz de Salud. También es el sistema de evaluación que el Estado utilizará en las oposiciones para el ingreso en la categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, recientemente convocadas.
Por si fuera poco, la mitad de las preguntas de dicho examen (que habían sido confeccionadas por los profesores de la asignatura) fueron "tuneadas" por el jefe del Servicio de Formación, que carece de competencia jurídica, pues no es licenciado en Derecho. Más aún: en la realización del examen no estuvieron presentes ni los profesores, ni el jefe del Departamento (al que se le había ocultado la realización del examen), ni los directivos de la Escuela, ni ningún otro funcionario público que pudiese dar fe y garantizar la rectitud, integridad y corrección de la realización de la prueba.
El resultado del extraño e ilegal examen -al que permitieron presentarse, más curiosamente aún, tanto a los suspensos como a los aprobados- fue el aprobado general de todos con magníficas notas. En el colmo de la irregularidad, el jefe del Servicio, Ignacio Gallego Cubiles, se negó a entregar dichos exámenes a quien la ley asigna su custodia, que es el jefe del Departamento jurídico.