El "Institut d'Estudis Catalans" se pretende la Real Academia de la Lengua, pero no sólo vigila el buen uso de la lengua, el catalán en su caso, sino que vela por el cumplimiento de las normativas autonómicas en la enseñanza, el comercio, el cine, los medios de comunicación y hasta en los domicilios particulares. A tal efecto dispone de la "Xarxa Cruscat" (Red de Conocimiento, Representaciones y Usos del Catalán), inmersa en otro organismo denominado con menos pompa "Observatorio de la Lengua Catalana".
En las conclusiones del último informe emitido por el "Cruscat" se puede leer lo siguiente:
En Cataluña, la impugnación del modelo de conjunción lingüística y la consecuente incorporación de la vehicularidad del castellano se ha hecho de la mano de un sitio judicial impulsado por una nueva coyuntura política en el poder estatal. Si bien el sistema actual (la inmersión) continúa aplicándose sin modificaciones importantes, no es menos cierto que se han abierto las puertas a una afectación cada vez más grande. Entonces, va tomando fuerza la necesidad de evaluar rigurosamente la presencia efectiva de la lengua castellana en el modelo vigente. Cada vez surgen más voces que denuncian una presencia (del castellano) que va más allá de la justificación pedagógica en determinados lugar y la sitúan en el ámbito de la transgresión voluntaria de la legislación catalana.
De manera mucho más clara y directa se manifestó el coordinador del "VIII Informe sobre la situación de la lengua catalana (2014)", Miquel Àngel Pradilla, en el acto de presentación, el pasado lunes. Según el digital Crónica Global, Pradilla hizo un llamamiento a la Generalidad para que acabe con los casos de profesores que utilizan el español en sus clases. Según Pradilla, "esto se produce", es "un secreto a voces" y se permite "para evitar la conflictivización" con los alumnos castellanohablantes.