La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Eva Borox, ha pasado este viernes uno de los peores días de su vida. Tras las acusaciones del socio de Francisco Granados y cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza, que también alcanzan a su marido, Raúl del Olmo, Borox está, según alguno de los que han podido hablar con ella "destrozada". Tanto, que algunas de las múltiples llamadas recibidas tras la información de El Español las tenía que atender su esposo, quien textualmente le dijo a uno de sus interlocutores: "Nos han hecho la vida imposible hasta ahora con esto y quieren seguir haciéndonosla".
La alusión en pasado del marido de Borox tiene una explicación. En 2007, cuando la ahora diputada naranja era concejal del PSOE en Valdemoro, fue expulsada del partido. Rafael Simancas, a la sazón líder de los socialistas madrileños, nombró una gestora en el municipio del sur de Madrid por considerar, como ahora dice Marjaliza, que estaban infiltrando la agrupación con gente del PP. A cambio, Marjaliza habría entregado a Borox 30.000 euros y 120.000 más a su marido por la compra de un billete de lotería premiado con 100.000, según la información adelantada por el diario de Pedro J. Ramírez.
El matrimonio lo ha negado todo a quien ha podido escucharles en privado, entre ellos varios compañeros de partido, del que Olmo es también afiliado, aunque sin cargo público u orgánico. "Es una sarta de mentiras" aseguran, al tiempo que afirman que actuarán judicialmente "contra quien sea preciso".
Lo cierto es que la situación de tensión en Ciudadanos Madrid era innegable. Su líder, Ignacio Aguado, evitaba dar la cara y en su lugar lo hacía, en una comparecencia comunicada con poca antelación, su portavoz adjunto, Pedro Núñez Morgades. El mensaje, que también reiteraba en una entrevista en La Sexta Albert Rivera -el líder de Ciudadanos se despedía este viernes como parlamentario en Cataluña- era que Borox dejará su acta de diputado si finalmente es imputada, como obliga el partido naranja y consta en la carta ética que firmaron todos sus candidatos. Aunque al mismo tiempo, como explicaba Núñez Morgades: "Ahora mismo no podemos pedirle su acta, porque simplemente son unas declaraciones de una persona que está imputada". E incluso en el caso de que se la pidieran, el acta es del diputado. La mayoría que suman PP y Ciudadanos en la Asamblea de Vallecas supera por un único escaño a la suma de los otros dos grupos de la cámara: PSOE y Podemos.
Dirigentes de Ciudadanos consultados por Libertad Digital reconocen lo delicado de la situación, pues muchas de las acusaciones de corrupción, singularmente las del caso Bárcenas, también provenían de un imputado en la cárcel. Admiten además que es muy difícil que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Borox es aforada, una figura cuya eliminación contempla el pacto de Ciudadanos con Cristina Cifuentes) no termine imputando a la diputada, pues es la manera en que la Justicia podrá contraponer su versión a la de Marjaliza.
El caso Borox podría ser la primera imputación por corrupción política en los nueve años de vida de Ciudadanos como partido. En 2013 el entonces portavoz de la formación en el Parlament de Cataluña, Jordi Cañas, renunció a su escaño después de que el Tribunal Superior de Cataluña le imputase por presunto fraude fiscal. Un delito aún pendiente de sentencia que se habría producido en el ámbito privado, antes incluso de que Ciudadanos existiese como formación política.