La cercanía de las generales ha hecho que este verano prolifere el debate sobre una "regeneración" que puede incluir retoques en la Constitución y cambios en las instituciones. Después de que Rajoy haya manifestado en varias ocasiones su disposición a abordar una reforma en la próxima legislatura, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha concretado algunas de sus apuestas.
En una entrevista a Europa Press, Levy ha apostado por "despolitizar" órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal de Cuentas para darles "más transparencia y autonomía", para lograr "un fortalecimiento de las instituciones que no provoque esa sospecha, esa ambigüedad, esa lejanía de los españoles".
En su opinión, es necesario "mejorar la calidad democrática" de esos órganos constitucionales, lo que incluye "dotar de mayor transparencia" al proceso de elección de sus miembros, cuyo nombramiento supone, en la práctica, un reparto de cromos entre los distintos partidos.
Andrea Levy ha señalado que "despolitizar" esos órganos no supone eliminar esa participación política del Ejecutivo o de las Cortes en el nombramiento de sus miembros. "Se pueden barajar varias opciones, se puede trabajar en las cuotas. Insisto en la idea de que no todo lo que viene del poder político es malo", ha subrayado.
Entre los órganos que cita Levy se encuentran el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y Consejo General del Poder Judicial. Se da la circunstancia de que poco después de llegar al poder, el Gobierno, por boca del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, avanzó un cambio clave en el sistema de elección del CGPJ: doce de sus veinte vocales serían elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías, en lugar de por el Congreso y el Senado, como en la actualidad.
La promesa quedó finalmente en agua de borrajas y en la última renovación, la de 2013, se produjo el reparto habitual. Sí hubo cambios en la Ley del Poder Judicial, pero no fue tan ambiciosa como el Ejecutivo llegó a prometer.
Una reforma sin tocar las competencias
En la entrevista, Levy asegura que su partido reflexiona sobre cómo introducir los cambios en el programa para las elecciones generales de final de año. "El regeneracionismo no es que vengan otras caras, es una cuestión de reformas de calado. Apoyaré cualquier regeneracionismo que pase por hacer reformas en instituciones del Estado que deben justamente velar por la transparencia y por ser de todos, no políticas", ha insistido.
Levy ha explicado que el PP trabaja en "cómo actualizar" la Constitución, lo que no es sinónimo de reformar la Carta Magna sino esas instituciones constitucionales (CGPJ, Tribunal Constitucional, etc) y los mecanismos propios del Estado de las autonomías: la relación competencial, la colaboración y coordinación entre el Estado y las comunidades.
Sobre esta última parte, Andrea Levy se ha mostrado partidaria de no delimitar en la Constitución las competencias autonómicas, como sugería el Consejo de Estado en el informe que realizó en 2006 sobre la reforma constitucional a petición del entonces Gobierno socialista.
A su juicio, la Constitución ha tenido la "gran virtud" de ser flexible en el proceso de desarrollo autonómico. "Ha permitido que la experiencia acabara de recomponer el Estado autonómico, se ha desconcentrado el poder hacia entes autonómicos que han generado su autonomía política. Me parecería un error, ahora que disfrutamos de autonomía política las Comunidades, tener que limitarlo o vetarlo por una definición competencial, que creo que se ha hecho de forma adecuada", ha defendido.
Los cambios en el Senado
Andrea Levy apuesta también por una reforma del Senado que pueda realizarse sin tocar la Constitución, o con una reforma de la Carta Magna que no obligue a disolver las Cortes y convocar elecciones para su aprobación.
Para ello, apuesta por cambios a través del Reglamento de la Cámara del Senado y también del Congreso. "Me parece interesante que el Senado fuera Cámara de primera lectura para los Estatutos de autonomía, una reforma constitucional pero sin referéndum: por qué abrir una legislatura constituyente cuando necesitamos estabilidad política", ha argumentado.