La imputación judicial del máximo responsable de la Policía Local de Sevilla, Juan José García Sánchez, de cinco miembros del tribunal, de un empresario y de un miembro de la junta de personal del Ayuntamiento sevillano, vuelve a poner de manifiesto las corruptelas vigentes en la formación de la policía municipal y su acceso a sus plazas.
Libertad Digital lleva denunciando ya algún tiempo las corruptelas de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, desde la que el PSOE ha pretendido controlar el cuerpo andaluz de policías locales desde hace décadas. Poco antes de las elecciones municipales, los alumnos de un curso de policías locales de la ESPA sufrió un inesperado "subidón" de inteligencia que hizo que más del 90 por ciento obtuviera máximas notas en determinados exámenes sin que haya habido investigación judicial.
Ahora, el juez de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, acusa a los imputados de descubrimiento y revelación de secretos en dos oposiciones que se celebraron en 2011 para cubrir 47 plazas y de 2012 para otras 56 vacantes.
Es más, el juez considera probado que los los opositores fueron beneficiados por su conocimiento previo del examen y de la plantilla de corrección porque cometían erratas e incorrecciones que solo aparecían en la plantilla filtrada. Que todos fallaran en las mismas preguntas y de la misma manera resultó altamente sospechoso. Uno de estos clamorosos errores copiados por los beneficiarios consistió en repetir que la documentación necesaria de los conductores es el DNI, error que aparecía en los exámenes filtrados. El máximo responsable de las filtraciones fue el superintendente de la Policía Municipal de Sevilla, García Sánchez, que disponía con anterioridad de 80 de las 100 preguntas en que consistió el examen y que, además, elaboró la plantilla de corrección del caso práctico, en la que había errores.
El juez considera que el jefe policial favoreció a un hermano de su compañera sentimental y a un sobrino. Otro de los acusados y miembro del tribunal de la oposición habría favorecido al hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Manuel Bustelo, que era el superior jerárquico del acusado y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, y ambos habían compartido muchos años de labores sindicales.
En el colmo de la caradura y la corruptela, los miembros del tribunal acordaron, para favorecer a 19 de los aspirantes a policía, que el caso práctico no se leería públicamente por los opositores sino que la corrección se haría a puerta cerrada.
Nada tiene de extraño, pues, que uno de los opositores que resultaron beneficiados fuese el hijo de un empresario de La Redondela (Pontevedra) que había logrado la adjudicación de contratos para el vestuario de la Policía Local de Sevilla entre 2007 y 2013 y que invitó a uno de los miembros del tribunal a pasar dos días en Madrid en 2014.
En la segunda de las oposiciones, convocada para ocupar 56 plazas, dos funcionarias de la Junta de Andalucía prepararon 20 de las 100 cien preguntas de un examen tipo test. En este caso, y como las preguntas no fueron filtradas por los responsables porque no pudieron, los aspirantes "fallaron de forma contundente", dice el juez.
Dado que las preguntas filtradas contenían errores, los beneficiados repitieron tales equivocaciones. Además de la ya señalada, 16 opositores cometieron los mismos errores en las preguntas que les filtraron, como indicar en las respuestas que una infracción era leve cuando en realidad se trataba de grave o aludir a "medidas accesorias" cuando debían de poner "medidas provisionales".
Finalmente, 37 aspirantes a policías locales lograron la plaza por lo que el juez les acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, los mismos delitos que al amigo del responsable sindical, mientras que al empresario gallego le imputa un delito de cohecho.
Las oposiciones incluían un examen teórico con 100 preguntas tipo test, una segunda prueba con caso práctico, un examen físico, otro psicotécnico, uno médico y un curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Asuntos internos investigó el caso
Concreta ABC que el caso partió de una denuncia de la Fiscalía tras recibir las quejas de varios opositores. El Ministerio Público encargó la investigación al grupo Gepol, un cuerpo de asuntos internos de la Policía Local que los implicados han recurrido sin éxito por considerar que no tenía competencias. Pronto quedó claro que muchos de los beneficiados tenían parentescos varios en la Policía o en el Ayuntamiento.
Los ilegalmente aprobados como policías locales tendrán que devolver lo cobrado desde que tomaron posesión de su plaza ó posesión en el cuerpo si son condenados.
Extrañamente, los miembros del tribunal de las oposiciones imputados esgrimieron durante la investigación que la filtración se había producido desde la copistería que realizó las fotocopias de los exámenes y pidieron la imputación de sus responsables, pero el juez rechazó este argumento exculpatorio por inconsistente.
Un caso no investigado judicialmente
Los exámenes de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), la institución dedicada a la formación de policías municipales, personal de Protección Civil y de bomberos, produjeron una mutación casi milagrosa e inesperada en el período preelectoral antecedente de las elecciones municipales de 2015. Los aprobados de despacho en Andalucía no eran nuevos y han sido denunciados muchas veces con poco éxito judicial. Pero que el 98 por ciento de los alumnos de un curso de la ESPA sacase notas máximas, no se había dado nunca hasta ahora, especialmente en una asignatura considerada un "hueso", Policía Administrativa.
Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el jefe de Servicio de Formación de la ESPA ordenó a los jefes de Departamento que le entregasen a él mismo las preguntas de los exámenes con 48 horas de antelación a la convocatoria de la prueba en concreto, lo que fue permitido por el director de la ESPA, Isidoro Beneroso Álvarez. Poco después tuvieron lugar los hechos denunciados.
Sin embargo, la normativa reguladora de la Escuela dispone que se entregue una copia del examen al Jefe de Servicio pero una vez que haya sido realizado por el alumnado y nunca antes. De hecho, en la Orden de 18 de marzo de 1996, en la que se establecen las normas de evaluación de las actividades docentes de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, se dice en su punto 17º: Modelo de examen. "El Jefe del Servicio de Estudios dispondrá de un modelo de todo examen o prueba pasada al alumnado, así como los criterios y baremos de calificación establecidos por el profesor que evalúa". Pero no antes de pasarse al alumnado.
De este modo, el "subidón" de inteligencia en los alumnos coincidió con el hecho de que el jefe del servicio decidiera no cumplir la normativa y consiguiera tener en sus manos las preguntas de los exámenes antes de ser realizados en la asignatura Policía Administrativa del curso de Ingreso en los Cuerpos de la Policía Local, la más importante de dicho curso atendiendo a su carga lectiva.
En los dos últimos exámenes efectuados hubo resultados sorprendentes. En uno de ellos, el 98% del alumnado obtuvo calificación de sobresaliente o matrícula de honor, y el resto, el 2 por ciento, un notable; en el otro examen, el 92% ha obtenido matrícula o sobresaliente (9 o 10), y el resto, el 8 por ciento, notable.