Empleado tras empleado y testigo tras testigo, todos van confirmando la veracidad de las informaciones publicadas en exclusiva y en solitario durante el mes de junio de 2013 por Libertad Digital respecto a las irregularidades contables de UGT y el desvío sistemático del dinero de subvenciones de la Junta para asuntos sindicales propios de su organización. Los primeros artículos versaron sobre el falseamiento de dietas y desplazamientos y siguieron con facturas rectificadas y pactadas con proveedores con los que se mantenía un "fondo" o "bote". Finalmente, se demostró el desvío del dinero de las subvenciones de la Junta y la formación de parados para otros fines.
En 2014, Libertad Digital publicaba que los propios empleados y ex empleados de UGT-A habían sido los que habían confirmado que este sindicato usaba procedimientos presuntamente delictivos. Uno de ellos, incluso se negó a seguir en el departamento de Compras "ya que dicha práctica -la de alterar facturas- podría ser delictiva". Estos empleados reflejaron en su declaración judicial los procedimientos irregulares utilizados por la organización sindical.
Ahora, El Mundo narra que nueve trabajadores del Instituto de Formación y Estudios Sociales -IFES-, la fundación utilizada por UGT para impartir los cursos han confirmado las irregularidades. Sus testimonios forman parte del sumario de las facturas falsas que investiga el titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez.
Uno de ellos ha afirmado que UGT se quedaba con el 20% de la subvención concedida por la Junta y que el 80% restante se lo entregaba a IFES para que impartiera los cursos. Las comisiones podían ser mayores porque "UGT-A no sólo contrataba con IFES, sino que también lo hacía con otras empresas a las que también retenía esa cantidad o incluso otra mayor".
Teodoro Montes, testigo clave y protegido por la juez Alaya en el caso de la formación, ya relató en sede judicial el pago generalizado de comisiones de hasta el 20% a UGT y también a Comisiones Obreras por parte de las academias y entidades subcontratadas por los sindicatos para que impartieran los cursos de formación subvencionados por la Junta que no quiso investigar nada a pesar de la protesta de las academias que sufrían las "mordidas".
Se confirma asimismo que UGT-A "retiene" una parte de las subvenciones para cursos con la finalidad de "cubrir gastos asociados". En el caso de la formación ocupacional, destinada a trabajadores con empleo, el porcentaje de comisión que se embolsa el sindicato ronda el 12%.
Los nueve empleados del IFES, que prestaron declaración como testigos ante la UCO los pasados 9 y 10 de julio, justo después de que durante la mañana del 9 de julio fueran registradas de forma simultánea las sedes del IFES en Madrid y Sevilla, coinciden en sus acusaciones con históricos dirigentes ugetistas como Germán Damián Domínguez, el ex responsable de Formación de la federación andaluza de UGT durante la etapa de Manuel Pastrana al frente del sindicato, que ya dijo que la central cobraba un "canon revolucionario" de cada subvención, sobre un 20 por ciento, que recibía de la Junta para los cursos.
Además, están los documentos aportados desde el principio por Libertad Digital y luego por ABC, La Razón y El Mundo que demostraban con toda claridad los manejos de la dirección ugetista andaluza.