"Es una Ley fundamental, que debería haberse promulgado hace muchísimo tiempo en España". Andrés Herzog ha presentado así la proposición de Ley Orgánica sobre la oficialidad del castellano como lengua común española, una iniciativa que UPyD quiere que se tramite por la vía de urgencia, aunque para ello necesita el apoyo de alguno de los grandes grupos del Congreso de los Diputados. "Lo mismo que se ha presentado la reforma del TC, con la idea de aprobarla esta legislatura de forma urgente y acelerada, pues esto también se podría hacer" ha sentenciado el líder magenta, en una comparecencia junto a la portavoz parlamentaria, Rosa Díez.
La exposición de motivos de la reforma comienza así: "El castellano o español, que en adelante utilizaremos como sinónimos, es una de las más importantes lenguas del mundo: es una lengua que hoy hablan más de 540 millones de personas (como lengua nativa, segunda o extranjera) y la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín. Por lo tanto, vaya por delante que la presente iniciativa legislativa no tiene por objeto potenciar el uso de la citada lengua o aumentar su difusión, ni parte de la errónea concepción, tan extendida en España, de pensar que las lenguas como tales tienen derechos".
Establecido esto, y también que "para algunas administraciones la lengua ha dejado de ser primordialmente un instrumento de comunicación para convertirse en un importante elemento de construcción identitaria, frente al cual es imprescindible garantizar derechos básicos de los ciudadanos" UPyD entra en materia proponiendo medidas muy concretas, muchas de ellas encaminadas a eliminar la discriminación del castellano en los medios públicos, en la administración, en las instituciones y en la escuela.
El primer título de la propuesta de Ley establece el "derecho a elegir el español como lengua vehicular en la enseñanza" el segundo la "utilización del castellano por y entre Administraciones Públicas" y en el punto 3 se especifica: "Las disposiciones, normativas o no normativas, emanadas de cualquier administración con potestades legislativas o reglamentarias, así como de las emitidas por organismos públicos, sean del ámbito que sean, deberán redactarse y publicarse, cuando menos, en castellano".
UPyD pretende también que ningún candidato a un empleo público se vea discriminado por desconocer una lengua cooficial, estableciendo en otro punto de la reforma la imposibilidad de que "la puntuación que se otorgue al conocimiento de estas lenguas pueda bajo ningún concepto significar de facto la exclusión del candidato". En palabras de Herzog "en comunidades como el País Vasco, Cataluña, Galicia o Valencia está pasando. El requisito del conocimiento de la lengua cooficial muchas veces es excluyente, y hace imposible que españoles puedan concurrir en igualdad de condiciones a encontrar un trabajo, algo que es elemental".
Recuperar los topónimos
En cuanto a los topónimos, si saliese adelante la Ley que propone el partido magenta, se tendrían que hacer constar "los topónimos oficiales en castellano en la rotulación de todas las vías urbanas e interurbanas existentes en el territorio nacional" y debería "recuperarse el nombre tradicional español de los diferentes topónimos que hubieren sido erradicados en algunas Comunidades Autónomas que cuentan con lenguas cooficiales de ámbito autonómico". Una situación a la que, a juicio de Herzog, se ha llegado por "la agresiva política lingüística de algunas autonomías".
La proposición de Ley establece también que los diputados y senadores utilicen "siempre el español, en cuanto lengua común y por todos conocida, en sus sesiones y comunicados oficiales". Una disposición que supondría el fin de los polémicos pinganillos de traducción simultánea en el Senado.
Por último, UPyD pretende acabar con medios públicos en los que el castellano está excluido en la práctica, lo que ocurre singularmente en la televisión autonómica de Cataluña, y que los poderes públicos puedan imponer cuotas forzosas a los medios privados "para la utilización de cualquiera de las lenguas cooficiales españolas" como ocurre por ejemplo en la concesión de licencias radiofónicas.