La alarma y las quejas cunden en el sector judicial ante lo que está pasando en el proceso del 9N. Se suceden los comunicados -del CGPJ, el propio TSJC y la Fiscalía- y las quejas entre las asociaciones de jueces. En Casa de Herrero, de esRadio, ha hablado el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero sobre las escenas vividas este jueves y el papel desempeñado, con impunidad, por el presidente catalán.
Con rotundidad, Sexmero ha dicho que que "lo que se está planteando es un proceso sedicente, si no sedicioso ya, en toda regla", en alusión con las intenciones de Mas de seguir gobernando aun en caso de sentencia en contra e inhabilitación. En su opinión, "hay un proceso desde el principio, perfectamente pergeñado", que trata de "ganar terreno poco a poco por la vía de los hechos" con un "desparpajo que no tiene nombre".
Sexmero se ha mostrado particularmente alarmado por el hecho de que el imputado Artur Mas haya contado con el apoyo del propio consejero de Justicia de su gobierno. Tras recordar el hecho de que la "custodia" y "propiedad" del Palacio de Justicia está en manos del gobierno catalán, ha considerado que "es muy difícil" actuar "cuando todos los resortes de seguridad e Interior" son competencias de comunidades autónomas "en manos de un gobierno" en estado "sedicente". Ha destacado cómo los tribunales de justicia catalanes "están completamente aislados" y cómo sólo el gobierno central podría "tomar cartas en el asunto".
El origen de este conflicto está, a su juicio, en el "error gravísimo de atribuir las competencias en materia de justicia a las comunidades autónomas". Eso está provocando, ha continuado, que "algunas comunidades usen y abusen de esas competencias. "Esto cada vez se entiende menos. Esto debe pararse, irá a más si no se hace nada para evitar que continúe", ha lamentado.
Sobre las posibilidades que habría de impedir el acoso a la sede judicial, Sexmero ha lamentado que el Ministerio del Interior no puede "hacer nada" porque "las competencias de seguridad" para prohibir, por ejemplo, manifestaciones, "corresponden a la consejería" al estar cedida esa atribución.
Sí lo podría pedir "el fiscal de turno al juez de guardia" si denuncia un delito e imponer así "que por lo menos no se acerquen" a la sede. "La única posibilidad, si no se suspende la autonomía", de actuar contra los responsables sería que lo hiciera el fiscal, ha insistido. Y ha recordado cómo la propia Generalidad impuso una medida así cuando los acosados eran ellos, en el Parlamento catalán. Entonces, recordó el magistrado, "les molestó muchísimo que hubiera manifestantes".
Sexmero ha denunciado que "en 30 años de democracia se ha cruzado una línea roja que nunca se había cruzado en este país" en alusión de que haya gente "que forma parte de un gobierno" manifestándose "ante un tribunal de justicia amparados por una masa". Tras recordar que está prohibido por la Constitución, y que quien tendría que hacer respetar la independencia judicial es precisamente el poder ejecutivo, el juez ha insistido en que es "una raya que nunca se tenía que haber cruzado". "Es muy difícil que esto no tenga consecuencias" en el futuro, ha alertado.