Los batasunos de Cataluña han elevado el tono de sus exigencias. Anna Gabriel, número dos de la lista de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), es, junto al cabeza de lista por Gerona, Benet Salellas, quien dirige las negociaciones con Junts pel Sí. El partido antisistema pretende ratificar su decisión en una asamblea con sus militantes (unos 1.500) y representantes de organizaciones de extrema izquierda, como Poble Lliure, heredera del Moviment de Defensa de la Terra (MDT), el brazo político de la banda terrorista Terra Lliure. El resultado está cantado. Nadie en la CUP quiere a Mas, pero Mas no es el único al que no quieren.
Anna Gabriel ha citado a otros tres convergentes que están en su punto de mira, tres consejeros del gobierno regional a quienes reprocha la corrupción, los recortes y la "brutalidad" de los Mossos d'Esquadra. Sobre Germà Gordó, consejero de Justicia, afirman que está estrechamente vinculado a la corrupción y las cuentas de Convergencia.
Los contactos de Gordó
De hecho, Josep Antoni Rosell, el director general de "Infraestructures.cat", es considerado la mano derecha de Gordó, aunque sus departamentos no tengan ninguna vinculación. Su papel en la gestión del partido, en el que fue gerente, también es objeto de controversia para los antisistema. Gabriel ha declarado que "nadie que esté relacionado con casos de corrupción puede formar parte de ningún gobierno catalán".
El segundo nombre es de Boi Ruiz, consejero de Sanidad al que reprochan los recortes y las privatizaciones encubiertas en la sanidad pública. El tercero en discordia es Felip Puig, ahora consejero de Industria. La CUP lo responsabiliza de las actuaciones de los Mossos d'Esquadra cuando era titular de Interior. Así, el partido asambleario, el grupo con menor representación, diez diputados, no da su brazo a torcer y además de no querer a Mas como presidente, pretende tener voz y voto en la composición del futuro "gobierno republicano", aunque no asumiría ninguna cartera.
Los vetados, que con Mas forman un cuarteto, fueron algunos de los que con más vehemencia protestaron en la última reunión del gobierno regional por la "propuesta de resolución" para proclamar la independencia y la desobediencia general. Andreu Mas-Colell, de Economía, y hasta Irene Rigau, de Educación, también mostraron al president en funciones su malestar por el contenido del acuerdo con la CUP. La respuesta de Mas fue: "¿Qué queréis, que convoque nuevas elecciones?".
La portavoz cupera ha añadido que ese ejecutivo debería tener dos vicepresidencias "con el mismo rango que la presidencia" que se ocuparían de "implementar" el proceso y de las urgencias sociales.