El dinero del Fondo Hispano-Saudí, el gran negocio promovido por Juan Carlos I y con el que se contrató como asesora a su "amiga" Corinna zu Sayn-Wittgenstein, terminó repartido en trece sociedades radicadas en tres paraísos fiscales –Islas del Canal, Suiza y Bermudas-, según informa El Español. En total: 21 millones de euros.
El proyecto se anunció en abril de 2006 como una iniciativa pública para promover la inversión española en Arabia Saudí y se presentó de forma oficial en abril del año siguiente. Sin embargo, el negocio no dejó un sólo euro en España ni generó puesto de trabajo alguno. De forma oficial, el Fondo Hispano-Saudí fue inscrito en el Reino Unido. Sin embargo, las acciones de la sociedad fueron recompradas dos meses después por dos nuevas empresas de Guernsey, el mismo destino elegido por la familia Pujol para ocultar parte de su fortuna: dos bancos de negocios llamados Cheyne Capital –afincado en Bermudas– y Arox Capital –Guernsey–.
En un primer momento, la Casa Real otorgó la gestión del proyecto a la consultora Morgan Stanley. Sin embargo, en realidad, el fondo se controlaba con una sociedad llamada Energy and Infrastructure GP, radicada en Guernsey. La empresa operaba bajo la gestión de Cheyne, Arox Capital y otra compañía en las Islas del Canal; una empresa llamada Boreas, ya liquidada. De ella pendían otras cuatro compañías abiertas también en las Islas del Canal.
Inversores sin garantías
No hay un solo documento público que explique la elección de Cheyne y Arox Capial para desarrollar el Fondo Hispano-Saudí. El propio memorándum del fondo explica de forma clara que se trata de un negocio privado donde los reinos de España y Arabia Saudí actúan únicamente como "facilitadores".
Según el documento, ni el gobierno de España ni el de Arabia Saudí son "responsables de forma directa o indirecta de cualquier decisión tomada por el fondo". Por lo tanto los inversores, pese al aval de la Casa Real, actuaban sin garantías.