Día dos tras la aprobación de la resolución separatista. Segundo asalto del debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, pero también segunda jornada de trámites para rematar el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Tal y como marcaba el guión, la maniobra ha recibido el visto bueno del Consejo y los secretarios de Estado. La apelación de inconstitucionalidad hará escala mañana en el Consejo de Ministros y, el jueves a más tardar, aterrizará en el pleno de tribunal de garantías.
"Vulneración evidente" de la Constitución
Es una parada obligatoria según el marco legal. La solicitud de un informe urgente al Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno emisor de dictámenes no vinculantes, es decir, con carácter orientativo salvo que la ley disponga lo contrario. Los ocho juristas que vertebran este instrumento, presidido por el exministro de sanidad, José Manuel Romay Beccaría, han arropado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad.
Atendiendo al informe preceptivo emanado del Consejo, "existen fundamentos jurídicos suficientes" para impugnar "en su conjunto" la declaración rupturista aprobada por el Parlamento catalán. La resolución refrendada con los votos de Juntos Por el Sí y la CUP "implica una vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española" y "su declarada insumisión a las instituciones del Estado".
Comparten el diagnóstico evidente: una voluntad de "desobediencia o desacato" que no precisa análisis. Para el Consejo de Estado, el ataque a la legalidad se explica en la declaración de soberanía del pueblo catalán y el Parlament como expresión del poder constituyente; y en "la no supeditación" a las decisiones del Estado y sus instituciones, especialmente el Tribunal Constitucional.
Los juristas formulan tres peticiones al TC. Que notifique la suspensión del texto separatista a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell; al presidente de la Generalidad en funciones, Artur Mas, o el que resulte nombrado; a la Mesa del Parlamento autonómico y al Consejo de Gobierno de la Generalidad. Que emita un apercibimiento expreso a las personas citadas de suspensión de sus funciones, que en caso de incumplirse acarrearía acciones penales. Que añada la prohibición a la Cámara de emprender iniciativas legislativas para dar cumplimiento a la resolución.
Cierra el informe una advertencia: el rechazo del Parlamento catalán a las decisiones del Alto Tribunal "en modo alguno legitima la desobediencia". Además, añade el Consejo de Estado, supone "un atentado a uno de los elementos básicos" del Estado social y de Derecho: el establecimiento de una garantía jurisdiccional suprema del orden constitucional.
Conclusiones derivadas al Gobierno
El turno vespertino ha involucrado a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Sus componentes, dirigidos por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, han analizado el dictamen de los juristas para elevar sus conclusiones a la Administración Central.
Sobre el papel, este miércoles se reúne el Consejo de Ministros. Los servicios jurídicos del Estado habrán culminado el recurso de inconstitucionalidad que, previo paso por este órgano colegiado donde recibirá luz verde, concurrirá en el Tribunal Constitucional. Sus once magistrados podrían reunirse mañana mismo por la tarde y, en ningún caso más tarde del jueves, admitirán a trámite el texto. Una admisión con efectos inmediatos que no requiere discusión del fondo, simplemente de una valoración de los requisitos formales del escrito elaborado por el Gobierno.