El presidente en funciones de la Generalidad, Artur Mas, ha comparecido para denunciar una "agresión" en toda regla del Gobierno de España a la población catalana y justificar su inoperancia. El colapso financiero de la Generalidad, el impago a proveedores, farmacéuticos, conciertos sanitarios, residencias de la tercera edad y otros gastos sociales han puesto contra las cuerdas al ejecutivo regional, incapaz de hacer frente a sus obligaciones mientras su presidente trata de obtener su investidura a base de cesiones a la CUP.
De ahí que Mas muestre el perfil más victimista y apocalíptico y acuse al Gobierno de "intervenir" la Generalidad, "aunque sea de manera indirecta". "Hay agresiones físicas, hay agresiones de género, verbales, psicológicas y también hay agresiones institucionales. Y lo que practica en este momento el Gobierno es una agresión, una agresión de Estado contra una población. Contra la población entera, haya votado a favor o en contra de la independencia", manifestó el presidente de la Generalidad.
Mas se quejó de no haber sido llamado a consultas por Rajoy ante los atentados de París: "Soy el único que he sido excluido de las reuniones sobre terrorismo. Lo que no es de recibo es que el presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña, presidente de la Generalidad, representante ordinario del Estado en Cataluña, hasta que no se demuestre lo contrario, sea excluido de las reuniones con el Gobierno. Y esto significa que estamos ante una agresión contra todo el pueblo de Cataluña", dijo.
Agravios y acusaciones
Otro agravio es la dependencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que sirvió a Mas para decir que quien no paga a los farmacéuticos es el Estado. "Habrá quien votara a Junts pel Sí, la CUP y a otros partidos, pero todos están fastidiados. Se está castigando a Cataluña, al pueblo catalán, por defender ideas, políticas y un proyecto de país por la vía pacífica y democrática y absolutamente respetuoso con los derechos humanos; esto es una agresión respecto a parlamentos y movimientos sociales que defienden proyectos por la vía pacífica y democrática".
Un tercer motivo de lamento es la investigación sobre una deuda de 1.300 millones de la Generalidad que no aparece consignada en los presupuestos. Mas auguró que quien acabará teniendo problemas con esa cuestión será el Gobierno español. El president alegó que esos 1.300 millones "vienen de gastos en infraestructuras, carreteras y presiones, que proceden del anterior gobierno, en 2009, cuando presidía Montilla. El ministro Montoro está jugando con fuego con el tema de los 1.300 millones. Quien tiene el problema de este tipo de financiaciones es el Estado español, que la ha hecho a todo tren. ¿Dónde está la deuda de Adif o de los kilómetros de Ave? Esa deuda no está en los presupuestos, sino fuera en cuanto a contabilización. El día en que la Comisión Europea se fije en serio en eso ¿cómo lo defenderán? ¿Cómo defenderán las radiales de Madrid, que están en quiebra, o el gran fiasco del Castor? Sumad todo esto, son miles de millones de euros que están en la misma situación que los 1.300 millones que ahora nos quieren contabilizar como deuda".
Respuestas jurídicas y políticas
Dadas las circunstancias, Mas dijo que a Cataluña no le quedaría más remedio que responder: "Nosotros no somos gente violenta o agresora. Hemos de mantener la serenidad como país. No tenemos más remedio que responder, porque todo el que es agredido tiene derecho a la legítima defensa. La agresión es muy grande y no puede quedar sin respuesta. Habrá respuestas jurídicas. Se ha encargado a nuestros servicios jurídicos que analicen todas las vías posibles. En las instancias judiciales españolas el recorrido será el que será, ya veremos".
Respecto a la respuesta política, Mas aseguró que "cuantas más agresiones recibamos, más pondremos el acento en ampliar la base soberanista y hacer el proceso irreversible. Y a fe de Dios que nos están ayudando porque cada vez que se produce una de estas agresiones hay más gente que se convence de que nos independizamos o seremos engullidos".
"Por tierra, mar y aire"
En conclusión, Mas apela a la versión más tosca del victimismo para eludir las responsabilidades financieras de su gobierno y la parálisis de la Generalidad, enchufada a las inyecciones de liquidez del Ejecutivo central. Según el presidente de la Generalidad, la fiscalización de los gastos por parte del Estado para que su administración haga frente a las deudas en el sector social es un "ataque por tierra, mar y aire", una "humillación insoportable", una "agresión a todos los catalanes" ante la que no descarta pedir mediación europea.
Diálogo tras el 20-D
Para demostrar su lado pactista, Mas no descartó combinar la independencia con una negociación con el Ejecutivo que resulte de las urnas en las generales: "Si el 20-D en España cambia el Gobierno, nosotros subrayaremos el punto de la declaración de Junts pel Sí y la CUP en que ofrecemos diálogo. No sabemos qué pasará, pero si hay un tipo de Gobierno diferente, que no persiga a la gente en democracia por sus ideas políticas, las instituciones catalanas estarán en la actitud de poder hablar y negociar".
En cuanto a las negociaciones para su investidura, afirmó que continúan, que van más lentas de lo que desearía pero que aún están en los plazos legales para investir presidente.