La resolución rupturista disfrutó de dos días de vigencia legal, desde su aprobación el pasado 9 de noviembre en el Parlamento de Cataluña hasta el 11 del mismo mes, cuando fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional. Exactamente 21 días después, el Pleno ha incluido esta cuestión en el orden del día para dictar la sentencia más rápida de la historia de este tribunal. Los magistrados han consensuado en un debate informal emitir el fallo antes de que finalice esta semana.
Advertencias personales
El órdago a la Constitución del Parlamento de Cataluña se hizo realidad el 9 de noviembre. Los diputados de Juntos por el Sí y la CUP emplearon su mayoría parlamentaria para aprobar una resolución que declaraba el inicio del proceso de desconexión de Cataluña. El Constitucional admitió a trámite dos días después la impugnación del Gobierno de España en términos insólitos: los magistrados notificaron personalmente su decisión a 21 cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalidad, Artur Mas, y la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell. En dicho extracto, apercibía a todos ellos de responsabilidad penal en caso de no respetar la orden.
Aquel primer pleno sobre la cuestión se fijó dictar sentencia de fondo en el menor plazo posible, vista la dimensión del desafío rupturista. Es el motivo por el que se espera un fallo unánime redactado en un texto breve, claro y contundente, que podría incluir advertencias personales a los implicados como ya ocurrió en la suspensión cautelar. El tribunal ha concluido la primera sesión sin pronunciarse y reanudará la reunión durante la mañana de este miércoles.
Momento decisivo
Las personas apercibidas por el Tribunal Constitucional han respetado hasta el momento sus decisiones. Pese a que el contenido de la resolución rupturista trataba de deslegitimar a este órgano de la Justicia, el Parlamento de Cataluña está participando en el proceso al personarse en el último día de plazo. Sin embargo, fuentes jurídicas consideran que el momento decisivo llegará después de la sentencia. Se producirá si el bloque separatista desobedece y no paraliza el proceso. En ese hipotético escenario, pondría a los magistrados entre la espada y la pared después de que el Gobierno del Partido Popular capacitara al tribunal de poder sancionador, convirtiéndolo en una primera fuerza de choque contra el desafío previa a la respuesta política.