Delinquió y no lo oculta. David Marjaliza, el presunto cerebro de la trama Púnica, no escatima en detalles. Sus declaraciones bajo secreto de sumario ante el juez Eloy Velasco se han extendido durante 13 horas en el último año. El exsocio y amigo del que ostentara el cargo de presidente del Partido Popular en Madrid, Francisco Granados, ha desvelado el modus operandi, su papel, el de consejeros y alcaldes de la Comunidad de Madrid, y así hasta el final de la operación. Colaboración que el magistrado considera positiva y suficiente para levantar la prisión provisional y convertirla en eludible bajo el pago de 100.000 euros. Marjaliza pagará la fianza y, trece meses después de su ingreso, abandonará la cárcel de Aranjuez.
Esos 100.000 euros de caución distan de la cantidad que reclamaba el Ministerio Fiscal, que había accedido a la petición de salida a cambio de 250.000 euros. Marjaliza sufre el bloqueo de sus cuentas por la Justicia pero pagará. Desde el momento en que deposite el dinero, Velasco le ha impuesto como medidas cautelares las comparecencias cada quince días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio. Además, deberá facilitar un teléfono y domicilio al juzgado y notificar cualquier cambio. El juez valora de forma positiva su aportación, que a su parecer disminuye el riesgo de fuga, de forma que estudia la rebaja de una hipotética condena.
Colaboración con la Justicia
En de la manera de proceder que Marjaliza ha explicado al juez Eloy Velasco, el cerebro ha involucrado entre otros al consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid Jaime González Taboada, el exalcalde de Alcalá de Henares y diputado regional por el PP, Bartolomé González, y la parlamentaria de Ciudadanos y exconcejal del PSOE en Valdemoro, Eva Borox.
Habría cometido "absolutamente todos los delitos", según la acusación. Se le imputan blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsificación documental y organización criminal. Marjaliza habría amasado un patrimonio de más de 33 millones con su presencia en unas 150 empresas. Sorprende la respuesta de los fiscales de Anticorrupción tras su declaración: "No podemos ahora ponernos a valorar y explicarle a su señoría todo lo que ha llegado a cometer. La conclusión a la que hemos llegado es... ¿cuál es el que no ha cometido? decían, según la transcripción de la declaración.
Anticorrupción define Púnica como una auténtica red criminal. En este escenario, Marjaliza habría utilizado sus "muchísimas influencias" en Valdemoro y en "otros muchos ayuntamientos" de la Comunidad de Madrid en los que operaba la trama para obtener contratos públicos a cambio del pago de comisiones ilegales. Habría actuado como "conseguidor" de la empresa Cofely al lograr la adjudicación de contratos de eficiencia energética "fruto de sus contactos con alcaldes, concejales y técnicos".
Blanqueo en el extranjero
El otro extremo de la actividad de Marjaliza conduce hasta Suiza y Costa Rica. El presunto cerebro de las operaciones habría puesto en marcha una red de blanqueo de capitales con cuentas en sendos países a su nombre y el de su mujer, Adela Cubas. Estos fondos, según el Ministerio Fiscal, fueron desviados a los depósitos de dos empresas y trasladados posteriormente a cuentas de Singapur. El patrimonio de Marjaliza era tal que el constructor llegó a construirse un zulo en su casa, situada en el número 14 de la calle Libertad de Valdemoro, al objeto de "ocultar obras de arte o dinero en efectivo".
La investigación de la trama Púnica se focaliza en sus dos presuntos cabecillas: Francisco Granados y el constructor David Marjaliza. Sin embargo, agrupa diversas derivadas incluso al margen de ellos. Los informes de acusación abarcan actividades como la construcción de colegios, la organización de fiestas populares, la recalificación de suelos, la venta de parcelas públicas, la adjudicación de servicios de eficiencia energética o la contratación de propaganda institucional que habrían permitido enriquecer a empresarios a costa del trato de favor que, a cambio de regalos o dinero, les daban los políticos que gobernaban en las instituciones.